La Justicia analiza conversaciones encontradas en el celular del empresario Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, donde se detallan supuestos pagos ilegales para obtener aprobaciones rápidas de importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa también involucra a un actual funcionario de Casa Rosada.

La hermana del Presidente apoyó al jefe de Gabinete a través de un posteo en X.

En una decisión dividida, la Sala II revocó el fallo del juez Sebastián Casanello y dispuso que se analice la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, pieza central de la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En su indagatoria, Roger Edgar Grant aseguró que actuó siguiendo órdenes de Daniel María Garbellini, número dos de la ANDIS. La causa investiga un esquema de direccionamiento de compras de medicamentos y presuntos sobreprecios que habrían perjudicado al Estado.

La Justicia lo investiga como operador clave de un supuesto esquema de sobreprecios. El empresario fue el primer citado a indagatoria, pero se negó a declarar.

La ahora exfuncionaria se desempeñaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, en Tierra del Fuego. Está mencionada en chats dentro del dictamen del fiscal Franco Picardi.

La Justicia busca esclarecer si hubo un esquema de sobornos dentro del organismo. El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete. El miércoles lo hará el extitular, Diego Spagnuolo.

La oposición en el Senado redobla la presión sobre el Gobierno: solicita que Karina Milei y Eduardo Lule Menem expliquen presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y pide el juicio político de la ministra Patricia Bullrich por la denuncia vinculada a la difusión de audios de funcionarios.

No lo lograron por la forma en la que fueron eliminados del teléfono. Este martes peritarán otros tres celulares, entre ellos los de Eduardo y Jonathan Kovalivker.

La Casa Rosada presentó una denuncia judicial por espionaje tras la difusión de grabaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia. Acusan una maniobra para “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.