El recurso fue concedido por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín. Ayer, la oposición le dio un golpe al intento del oficialismo de derogar la ley definitivamente en el Presupuesto 2026.
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El Poder Ejecutivo decía que no podía poner en marcha la norma porque el Congreso no había especificado el origen de los fondos. Pero ahora el Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del art. 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución.
En una decisión dividida, la Sala II revocó el fallo del juez Sebastián Casanello y dispuso que se analice la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, pieza central de la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La orden deberá cumplirse en todo el país. Críticas a las auditorías médicas y a la manera de notificar las bajas.
El fiscal Franco Picardi investiga al empresario como uno de los organizadores en la trama de presunta corrupción. Tras el escándalo, la joven funcionaria renunció a su cargo en el Ministerio de Economía.
El extitular de la ANDIS deberá enfrentar las preguntas sobre el presunto esquema de sobornos y contratos direccionados. El expediente ya acumula audios, chats, fotos y movimientos de dinero que comprometen a exfuncionarios, operadores y empresarios del sector farmacéutico.
La Justicia lo investiga como operador clave de un supuesto esquema de sobreprecios. El empresario fue el primer citado a indagatoria, pero se negó a declarar.
La ahora exfuncionaria se desempeñaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, en Tierra del Fuego. Está mencionada en chats dentro del dictamen del fiscal Franco Picardi.
La Justicia busca esclarecer si hubo un esquema de sobornos dentro del organismo. El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete. El miércoles lo hará el extitular, Diego Spagnuolo.
La suba se aplicará en tres tramos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad de los servicios en todo el país. La última actualización había sido en diciembre de 2024, con un incremento de solo 0,5%.