El Gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal por la filtración de audios de Karina Milei

El Gobierno nacional presentó este lunes una denuncia en la Justicia federal por lo que definió como una “operación de inteligencia ilegal” destinada a perjudicar al oficialismo en medio de la campaña. La presentación apunta a la filtración de audios de Karina Milei y de otros funcionarios, que salieron a la luz en un programa de streaming.

El escrito, elaborado por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich y radicado en el Juzgado Federal N.º 10, sostiene que se trató de “un ataque planificado para alterar la opinión pública y romper las reglas de juego democrático”. Según el Gobierno, se habrían utilizado mecanismos de espionaje ilegal, edición clandestina y difusión de grabaciones con fines políticos, incluso dentro de la propia Casa Rosada.

Como medida inmediata, se pidió a la Justicia frenar cualquier nueva publicación de los audios y ordenar allanamientos y peritajes digitales para determinar origen, edición y cadena de custodia del material.

La denuncia también apunta contra el canal de streaming “Carnaval”, donde se difundieron las primeras grabaciones en el programa “Data Clave”. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró contar con “más de 50 minutos de audios” de Karina Milei, que serían publicados en tandas. El Gobierno considera que la maniobra fue parte de una estrategia de “chantaje político”.

En el escrito judicial se mencionan al empresario Pablo Toviggino, al conductor Jorge Rial y al abogado Franco Bindi como posibles partícipes de la red detrás de la operación, a la que se acusa de buscar “afectar las variables económicas, condicionar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios”.

“El uso impune de conversaciones privadas de la Lic. Milei es una intromisión inédita en la vida política argentina”, señala el documento, que incluso vincula el caso con estrategias similares a campañas de desinformación registradas en otros países, con patrones de acción “asociados a intereses rusos y chavistas”.

En paralelo, la Casa Rosada intenta determinar si las grabaciones fueron editadas digitalmente. En una de ellas, Karina Milei se refiere a tensiones internas del espacio libertario durante el cierre de listas en Buenos Aires, y en otra habla de sus extensas jornadas en la sede del Ejecutivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se pronunció en redes: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, escribió, remarcando que el objetivo era “condicionar al Poder Ejecutivo”.

Desde el Gobierno advierten que nuevas publicaciones de audios serán consideradas una continuación del delito, y no hechos aislados. “Naturalizar estas prácticas equivale a legitimar la extorsión política disfrazada de libertad de prensa”, advierte la denuncia.