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Wanda Nara, salpicada por el escándalo de las SIRA: investigan chats de su novio por presuntas coimas para agilizar importaciones

La Justicia analiza conversaciones encontradas en el celular del empresario Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, donde se detallan supuestos pagos ilegales para obtener aprobaciones rápidas de importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa también involucra a un actual funcionario de Casa Rosada.

La investigación judicial sobre supuestas irregularidades en el sistema SIRA sumó nuevas pruebas comprometedoras tras el análisis del celular de Martín Migueles, empresario vinculado a Elías Piccirillo y conocido públicamente por su relación con Wanda Nara.

Según surge de los chats y audios incorporados a la causa, Migueles habría actuado como intermediario entre empresarios y funcionarios para agilizar autorizaciones de importación mediante el sistema SIRA a cambio de sobornos que iban del 10 al 15% de cada operación.

En una conversación de marzo de 2023 con un contacto agendado como “Adriel La Plata”, Migueles ofrecía acelerar aprobaciones en apenas una semana. “Yo consigo que te den la SIRA rápido”, afirmó en uno de los mensajes. Luego detalló los porcentajes que debían abonarse y agregó: “Viene de arriba y no te la rebotan más”.

La conversación incluyó además una frase que llamó la atención de los investigadores. Tras enviar documentación societaria, el interlocutor respondió: “Billete cara grande jaja”, en aparente referencia al pago de dinero en efectivo.

Otro de los nombres que aparece en la causa es el de Ariel Germán Saponara, quien según la investigación trabaja actualmente en Casa Rosada. En los intercambios con Migueles, Saponara consultaba por contactos para liberar declaraciones de importación con menores costos de “cometas”.

“Las SIRA son de 100 mil y de 150 mil”, escribió en uno de los mensajes. Migueles le respondió que podía gestionar las autorizaciones “al toque” y con un costo del 11%.

La causa también incluye conversaciones con Héctor Ezequiel Caputto, alias “El Pipo”, señalado como otro de los presuntos nexos para destrabar operaciones. En uno de los audios incorporados al expediente, Caputto detalló cómo debía repartirse el dinero de una operación vinculada a maquinaria importada.

El fiscal Franco Picardi sostuvo en su dictamen que los intercambios “permiten observar con claridad la estructura de intermediación y reparto económico” detrás de las aprobaciones de SIRA.

La investigación apunta a determinar si existió una organización integrada por intermediarios y funcionarios con capacidad de influir en el proceso administrativo de autorización de importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández.

Además, la Justicia investiga posibles maniobras con dólar oficial a través de casas de cambio, entre ellas “Arg Exchange”, vinculada a Migueles, Piccirillo y Francisco Hauque. La sospecha es que se autorizaban compras de divisas oficiales para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias millonarias.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la Fiscalía fue la velocidad con la que se aprobaban algunas SIRA: mientras el trámite habitual podía demorar hasta 180 días, las operaciones investigadas eran habilitadas en apenas 10 días, en plena vigencia del cepo cambiario.

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