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Uno por uno, quiénes son los miembros de la comunidad terapeútica que integra Teto Medina

Los investigadores identificaron a 19 presuntos victimarios y cerca de 200 víctimas.


“Buenas noches, acá estamos en la Razón de Vivir, Quinta Uno, casa madre, con la familia, con Estela, con el Teto Medina”, dice la voz detrás del celular que graba una escena en la comunidad terapéutica que fue allanada este jueves, a raíz de una causa por asociación ilícita, estafa, explotación laboral y reducción a la servidumbre.

El video fue el último posteo del Facebook del presunto centro de rehabilitación en adicciones, horas antes de los procedimientos en el que fueron detenidas 17 personas en distintos puntos del conurbano.

La investigación de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA y la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de Buenos Aires determinó los roles que cada uno de los detenidos cumplía en la estructura, que operaba en “quintas” ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Fuentes del caso indicaron que el exVideoMatch cumplía la función de “marketing”. Creen que “ayudaba a acceder a organizaciones privadas, favoreciendo así las actividades llevadas a cabo en los distintos centros terapéuticos, movimientos que a su vez le producían un gran beneficio económico”.

Lo acusan de captar adolescentes y adultos y lo ubican por debajo de los sindicados jefes de la presunta banda, en los que están involucrados policías.

En lo más alto de la pirámide aparece Néstor Ezequiel Zelaya, el socio fundador de la S.R.L. y Director General de la comunidad terapéutica. Fue el encargado del manejo de las redes sociales y publicidad utilizando diferentes figuras públicas y medios de comunicación locales y nacionales.

La causa, en manos del fiscal Daniel Ichazo, se originó por una denuncia que aseguraba que en “La Razón de Vivir”, sometían a las personas que asistían a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, dentro y fuera de los establecimientos.

Los detectives identificaron a más de 200 víctimas (mayores y menores de edad), distribuidos en siete centros de rehabilitación y 19 presuntos víctimarios. Ellos son:

  • MARCOS ALEJANDRO PACHKO (Socio Fundador de la SRL).
  • EDUARDO HUMBERTO ZELAYA (Subdirector de la Quinta Uno y progenitor de Zelaya Néstor)
  • MARIANO JORGE LUIS TORCHIA (Director de la Quinta Dos Florencio Varela, domiciliado en la localidad de La Matanza - un ex agente de la Policía Federal Argentina)
  • JORGE ALBERTO BASÍLICO (Director de la Quinta Tres de la Provincia de Córdoba)
  • GÓMEZ ROSANA ELIZABETH (Administradora encargada de los cobros y esposa de Jorge Basilico)
  • DURAN RUBÉN ERNESTO (Encargado del Nexo con las Familias de los internos en la Quinta Uno)
  • ARIAS MARTIN EZEQUIEL (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Uno y Quinta Tres)
  • NIEVA EMILIO DAVID (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Dos)
  • FEDERICO EMMANUEL RISO PATRÓN (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Uno)
  • SONIA ELIZABETH CÓRDOBA (Encargada en Quinta Tres de la Provincia de Córdoba, nexo entre las familias y el Director General, realiza publicidad en dicha Provincia)
  • ALFREDO MARTIN CÓRDOBA (Operador en Adicciones, Coordinador de las Quintas Uno y Dos)
  • CÁCERES FERNÁNDEZ DAMIÁN ALBERTO (Director General Quintas ELECCIÓN DE VIDA, cuya pareja es efectivo de la policía bonaerense)
  • PATRICIA ELIZABETH ENTRE RÍOS (Coordinadora de Operadores o Coordinadores)
  • LANZA TATIANA (Policía de la Provincia de Buenos Aires)

  • El caso del director Torchia, las denuncias de las víctimas, hablan de un trato militarizado, maltrato verbal y psicológico, incluso sus propios compañeros de la Organización comentan en las escuchas esta situación, avalando todo esto los testimonios de las víctimas.

  • En tanto, Lanza con jerarquía de Oficial de Policía, cumpliría dentro de la organización el rol de amenazar a los internos que desean abandonar las quintas, presentándose uniformada o haciéndose pasar por Fiscal o Jueza dentro de los centros, advirtiendo a los mismos que podrían ir presos en el caso de volver a fugarse del lugar o que se comportan de manera indebida.

Los investigadores determinaron que la organización, a través de “La Razón de Vivir” y “Elección de Vida” (otro centro sin habilitación), ofrecía a los familiares de los internados un servicio de atención psicológica, cuidados médicos y de enfermería, tratamiento personalizado acorde a cada necesidad de cada paciente, servicios que no existían, de acuerdo a las fuentes.

Sin embargo, los familiares pagaban una cuota mensual más una inscripción, siendo la cuota diferente e impuesta acorde a las apariencias y acorde nivel adquisitivo de cada familia. El básico era de 35 mil pesos, pero variaba y aumentaba con el tiempo. En algunos casos, era de 200 mil pesos por mes.

“Los internados eran obligados a realizar tareas de albañilería para la expansión y mejoras de las instalaciones de los centros de rehabilitación, todo ello sin ninguna remuneración”, precisaron.

Al mismo tiempo, los detectives detectaron que “los internos sufren controles y castigos privativos de la libertad en caso de mala conducta como así también cuando manifiestan deseos de irse del lugar o abandonar el tratamiento”.

De acuerdo a las fuentes, cuando quieren retirarse “son engañados por parte de los directores del lugar asociados, coordinadores y cómplices, quienes se hacen pasar telefónicamente por policías, fiscales o jueces; haciéndoles creer que en caso de abandonar el lugar, deberán enfrentar cargos o causas penales pudiendo quedar detenidos en unidades carcelarias”.

“Valiéndose de figuras públicas y realizando diferentes publicaciones en Redes Sociales o entrevistas en Radios de la zona o medios nacionales, el ámbito de actuación se extiende a lo largo del país”, indicaron.

“Se aprovecharon de personas muy vulnerables”, resume un investigador. Casi todas las estrategias que aplicaron para que los pacientes no se escaparan violaron la Ley de Salud Mental. El objetivo, aseguran, era continuar cobrando la cuota.

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