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La propiedad privada, un debate inexistente

Desde la indignación, los temas en agenda se instalan fácilmente. Pero por debajo subyacen conflictos sociales más profundos.

La última semana, la propiedad privada fue la gran estrella de las discusiones políticas. Primero por lo sucedido en la estancia de los Etchevehere; después también por lo ocurrido en Guernica. Pero los diferentes panoramas, encerrados en un debate que no existe, dejan atrás distintas cuestiones.

Si hay algo que no puede discutirse en la Argentina, país en el que hasta la más mínima disputa cae en “la grieta”, es la propiedad privada. Es un derecho avalado por la Constitución Nacional. Que la Justicia a veces sea ciega o mire para otro lado, es otro tema. ¿O hay “usurpaciones” válidas, como las de los grandes millonarios del sur, y otras en las que sí hay que actuar?

En fin, el conflicto de los Etchevehere fue fácilmente resuelto por la Justicia. Es que sí, hubo una violación a la propiedad privada. Pero es un conflicto familiar, y lo que pesaron fueron los actores: por un lado, un exministro macrista que rápidamente llamó a la indignación pública; por el otro, militantes afines al oficialismo pero que no son el Gobierno –salvo unas personas, que si tienen cargos políticos y participaron de esta ocupación deberán cumplir con el castigo correspondiente-.

Hablar de una propiedad privada en peligro fue necesario a la estrategia para que la Justicia actúe rápido. Pero ¿cuántos cientos de argentinos también se ven afectados por usurpaciones varias y tienen que esperar años para que puedan reconocer sus derechos?

Lo de Guernica tiene otro tono: es un delito, el de la usurpación de terrenos de un tercero, que se mezcla con un grave conflicto social, el de la falta de acceso a la vivienda. Y en ese choque de responsabilidades, la Justicia y el Estado no lograron ponerse de acuerdo y todo terminó en el desalojo.

Es que se pide que se resuelva con urgencia un conflicto de décadas. Y en esta crisis acentuada en la economía por la pandemia, que golpeó de lleno a una estructura frágil, se aleja cada día más  el sueño de la casa propia. Si se le hace difícil a alguien de clase media o media/baja, con algún que otro recurso para llegar a su vivienda, ¿cómo deben hacer los pobres y los desocupados para tener su lugar para vivir, otro derecho amparado en la Constitución Nacional?

El crédito hipotecario accesible no existe, y las condiciones macroeconómicas dificultan la posibilidad de que alguien los ofrezca. Y si existieran, ¿cuántos de los pobres –casi la mitad del país-, podrán solventarlos?

Y otra vez la discusión pasa por otro lado: nunca por la posibilidad de encaminar entre todos los sectores políticos una manera de poder superar la crisis económica y acabar con los males endémicos de la pobreza y la falta de la vivienda digna.

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