Juicio por YPF: EEUU respalda a la Argentina y busca limitar la búsqueda de activos para embargos

El gobierno de Estados Unidos presentó un escrito ante la justicia de Nueva York en el que respalda la posición de la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La intervención apunta a limitar el alcance de los pedidos de información impulsados por los demandantes para identificar bienes del Estado argentino que podrían ser embargados para pagar la sentencia.

El planteo fue presentado ante la jueza Loretta Preska, quien lleva adelante la causa en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York. En su presentación, el United States Department of Justice consideró que algunos de los pedidos realizados por los fondos demandantes son demasiado amplios y podrían afectar principios de respeto entre Estados soberanos.

Si bien la posición del gobierno estadounidense no define el resultado final del proceso, representa un respaldo relevante para la estrategia legal de la Argentina en una etapa sensible del caso, vinculada a la eventual ejecución de la sentencia.

El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, el Estado argentino tomó el control de la compañía, que hasta entonces estaba en manos de la petrolera española Repsol.

Exaccionistas de la empresa, entre ellos sociedades vinculadas al Grupo Petersen y el fondo Eton Park Capital Management, iniciaron una demanda en tribunales estadounidenses al considerar que el Gobierno no cumplió con el estatuto de la compañía. Según ese argumento, al tomar el control de la empresa el Estado debía haber realizado una oferta pública para adquirir el resto de las acciones.

En 2023, Preska falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización cercana a los 16.100 millones de dólares, más intereses. Desde entonces, el país intenta revertir la decisión mediante una apelación mientras busca evitar que los demandantes avancen con el cobro del fallo.

Uno de los puntos más sensibles del proceso es el llamado “discovery”, una instancia judicial que permite a los demandantes solicitar información para identificar activos del Estado argentino en el exterior que eventualmente podrían ser embargados para ejecutar la sentencia.

Los abogados de los fondos impulsaron distintos pedidos de información para detectar esos bienes, mientras que la Argentina solicitó frenar ese proceso hasta que se resuelva la apelación. Ese planteo es precisamente el que ahora recibió el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense.

En su presentación ante el tribunal, el organismo también advirtió que habilitar solicitudes de información demasiado amplias sobre instituciones o funcionarios de otro país podría generar tensiones diplomáticas y abrir la puerta a reclamos similares contra Estados Unidos en tribunales extranjeros.

Aunque la decisión final dependerá de lo que resuelva Preska, el apoyo del gobierno estadounidense representa un alivio para la estrategia judicial argentina en una causa que podría convertirse en una de las condenas económicas más grandes que enfrenta el país en tribunales internacionales.