El 2001 todavía hoy nos alcanza en la economía (YPF y oro)

En el MEGACANJE se dispuso un recambio de bonos que fueron llevados al default a partir del 2/1/2002, aunque anteriormente nos llevó al 25% de indigencia, 57% de pobreza, 25% de desocupación y un recorte del 12% en jubilaciones y del 13% en salarios públicos en general (no solamente los funcionarios).

Entre los años 2005 comenzó la reestructuración de los bonos anteriores a 2001, alcanzando el 77% del total, junto con el pago de la deuda total con el FMI (organismo al cual el país ingresó en 1956) por un total de U$S 9.400 millones, ordenado por el presidente Néstor Kirchner. Finalmente, en 2010 se completó la reestructuración de los bonos previos a diciembre de 2001, llevando su total al 93%, reduciendo la deuda total de U$S 230.000 millones en 2001 a U$S 95.000 millones a fines de ese año, en el que se terminaron los siete años consecutivos de crecimiento del PBI con superávits gemelos (comercial y fiscal).

Durante el período 2011-2012, los holdouts, también llamados fondos buitre, se dedicaron a comprar la mayor parte posible de ese 7% que no se había reestructurado, por “dos chirolas con cincuenta”. A fines de 2012 incorporaron una demanda cercana a los U$S 2.000 millones, a la que accedieron por menos del 10% de su valor total, y su no pago fue tratado en el juzgado de Nueva York a cargo de Thomas Griesa, a quien luego sucedió Loretta Preska.

Para que sea más fácil de entender, hicieron un negocio redondo: compraron deuda basura argentina emitida en 2001 por menos de U$S 200 millones y, al año 2025, con intereses incluidos, el monto reclamado rondaba los U$S 17.000 millones. Esto se podía haber solucionado en 2024 con un simple seguro de caución por un monto máximo de U$S 150 millones.

Por ello, el año pasado los acreedores pidieron cobrar su sentencia quedándose con el 51% de las acciones de YPF S.A. que supuestamente poseería el Estado Nacional, cuando en realidad el Estado posee la acción de oro, que es la que le permite tomar las decisiones y ejercer la presidencia de la empresa.

En ese contexto, cuando el presidente actual baja del avión presidencial en distintos países del mundo vistiendo un mameluco de la empresa, en lugar de ropa casual, muestra signos que la jueza interpreta como una prueba de que la empresa pertenece al Estado Nacional. Esto se suma a la muy mala gestión de YPF desde el 12/12/2023 a la fecha.

En el primer trimestre de 2024, la empresa pidió rehacer su estado financiero, pasando de una ganancia de U$S 1.300 millones a una pérdida de U$S 2.200 millones en 2023. Además, vendió a precio vil —$1 millón por pozo— cuatro pozos convencionales en plena explotación, con un promedio de 30.000 barriles diarios por pozo, a una empresa recién creada con un capital social de apenas $12 millones, cuando solo la explotación para YPF valía U$S 1 millón.

A esto se suma que, durante los primeros nueve meses de 2025, YPF presenta en sus estados financieros intermedios obligatorios una pérdida de U$S 150 millones, junto con pagos de U$S 100 millones en pauta publicitaria y U$S 11 millones en honorarios a los 11 directores titulares de la empresa. Todo esto genera un nivel muy alto de ineficiencia en la gestión.

Esta semana nos enteramos de que los mismos demandantes que pedían las acciones de YPF para cobrar su deuda ahora solicitan información sobre el destino del oro que integra las reservas. Se trata de las 11 toneladas recompradas en 2021, luego de que el dúo Caputo–Sturzenegger las prendaran en 2018 y no pagaran en marzo de 2019, por un total de U$S 4.981 millones.

Ese oro nunca fue debidamente informado: ni a diputados, ni a medios de comunicación, ni a la Auditoría General de la Nación, ni a juzgados locales. Desde el 2/1/2026 hasta el viernes 23 de enero pasado, su valor subió un 17%, alcanzando los U$S 5.059 la onza troy desde los U$S 4.335 originales, como consecuencia de la venta de bonos del Tesoro de EE.UU., coordinada por la UE junto con China y Japón, que provocó una devaluación del dólar previa al discurso de Donald Trump en el Foro Económico de Davos.

Al eliminar ese oro de las reservas brutas —realizando una auditoría como corresponde— y considerando que no hay contratos firmados ni existencia física comprobable, las reservas reales bajan a menos de U$S 40.000 millones, exactamente U$S 39.748 millones.

Este es solo un punto de la contabilidad creativa que se estaría realizando desde hace más de un año, incluso con el FGS, que según nuestras fuentes se encuentra por debajo del equivalente a U$S 4.000 millones, cuando fue recibido con casi U$S 70.000 millones. También se desconoce el monto real de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que vende diariamente los dólares que el BCRA compra e informa, pero cuyo volumen parecería ser muy superior, llegando incluso a manipular datos del mercado abierto que desaparecen del tablero de operaciones, como en un reflejo del viejo “Experimento Filadelfia”.

Finalmente, en los últimos días de esta semana se conoció la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Starc, por no reglamentar la Ley de Inocencia Fiscal, por los motivos que anunciamos el 28 de diciembre pasado en “Que la inocencia les valga”, para evitar dejar a nuestra Patria fuera del concierto de las naciones del mundo por permitir el lavado de activos, aunque sea por un monto acotado.