¿El número favorito es 100 o 1000?

Fabián Medina

Economista.

Esta semana, luego de cerca de dos meses de combatir los incendios en la provincia del Chubut, y tras observar cómo los brigadistas voluntarios se sientan a coser sus propias prendas con las que enfrentan el fuego, y posteriormente a una movilización junto a diputados nacionales para que se incorpore a las sesiones extraordinarias —desde mañana lunes 2 hasta el 27 de febrero— el tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, destinada a facilitar medios a todas las dotaciones provenientes del resto de las provincias que cumplen esa dignísima misión, el jefe de Gabinete dispuso la publicación de dos normas en días consecutivos.

En primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante la Resolución 91/2026, dispuso entregar la suma de $100 millones a los 1.062 cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país y agregar cerca de $20 millones adicionales para organismos provinciales por regiones. En segundo término, el Gobierno nacional, en su conjunto, mediante el DNU 73/2026, declaró la Emergencia Ígnea en las provincias de Río Negro, Chubut, La Pampa y Neuquén, sin comunicar un monto específico en el texto. Solo se informó, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, la transferencia de $100 millones a esos efectos.

Además, “supuestamente” se enviaron ayudas desde distintos organismos y empresas públicas, como 15.000 litros de combustible por parte de YPF. Cabe aclarar que los camiones cisterna poseen una capacidad de entre 30.000 y 40.000 litros, pero suelen salir con 25.000 o 35.000 litros por razones de presión y seguridad; es decir, ni siquiera se envió un camión cisterna pequeño completo. Por su parte, el Banco Nación dispuso el otorgamiento de créditos “blandos” para quienes perdieron todo.

Sobre todo, debemos recordar que desde 2024 hasta hoy, la Ley del Servicio Nacional de Manejo del Fuego viene siendo completamente desfinanciada. Pasó de contar con $80 millones en 2023 al mismo presupuesto nominal en 2024, con una ejecución de apenas $18 millones, y un nivel de ejecución similar en 2025. Para el presupuesto 2026, el monto asignado es de $21 millones. Para que quede claro: en 2024 debería haber tenido cerca de $160 millones ejecutados, y en 2025 unos $300 millones, considerando los niveles de inflación acumulados. Incluso, en 2026 su valor debería rondar los $400 millones.

En ese contexto, los $120 millones enviados mediante la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad representan solo el 15% de los $790 millones que no se permitieron ejecutar, pero que sí se cobran en todas las pólizas de seguro del país como impuesto con destino específico. Lo mismo ocurre con el ICLDC (Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono), que se cobra en todos los litros de nafta y diésel del país y no se utiliza para el mantenimiento de las rutas nacionales, con los consabidos accidentes mortales que se producen cada vez con mayor frecuencia, bajo la responsabilidad política del señor Presidente.

También debemos recordar —porque los seres humanos no solo somos lo que decimos, sino también lo que hacemos— que durante el segundo desastre natural de Bahía Blanca, devenido en inundación, donde los habitantes de la ciudad y alrededores perdieron todo como consecuencia de no haber continuado una obra pública ya licitada por el Estado nacional en 2023, se firmó un DNU que otorgaba la suma de $100 millones, además de créditos “blandos” del BNA que nunca llegaron a los vecinos. Para colmo, se le envió al Municipio de Bahía Blanca una factura por $43 millones por la colocación de puentes modulares y móviles instalados por el Ejército Argentino para facilitar la conectividad interna de la ciudad, algo que es obligación del Estado nacional como derecho consagrado en la Constitución Nacional para quienes habitan el suelo argentino.

Estamos, entonces, ante recetas calcadas frente a emergencias, similares a las que aplica el FMI en distintos países del mundo y que conducen a la miseria.

Durante esta misma semana, el Estado nacional nombró como director titular de YPF al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien, como corresponde, rechazó el cobro de honorarios mensuales equivalentes a USD 100.000 por el cargo. Sin embargo, esos honorarios continúan siendo percibidos por el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien ya no se encuentra en funciones desde hace tres meses. Actualmente, YPF registra una pérdida acumulada de USD 150 millones en los primeros nueve meses de 2025, según surge de sus estados financieros intermedios —presentados bajo normas NIIF—, con cerca de USD 100 millones en pauta publicitaria y aproximadamente USD 12 millones en honorarios del Directorio.

Hacia el final de la semana, se conoció que el valor de las reservas metálicas de los países (oro, plata y platino) se incrementó de forma descontrolada durante el mes de enero. Por ejemplo, el oro pasó de USD 4.335 la onza troy el 2 de enero a USD 4.978 el viernes 30 de enero, lo que implica una suba del 15%. Esto elevó el valor de las 11 toneladas de oro declaradas por el BCRA el 11 de diciembre de 2023 —recompradas en 2021, luego de que las anteriores se perdieran en marzo de 2019 por no pagar un préstamo prendario de USD 500 millones tomado en septiembre de 2018— de USD 4.981 millones a USD 5.719 millones al 30 de enero de 2026. Esta apreciación se da a nivel mundial como consecuencia de acciones beligerantes externas e internas del país que en 1946 instauró el patrón dólar en reemplazo del patrón oro, trasladando el centro financiero mundial de Londres a Nueva York.

Hace unos quince días también se conocieron problemas de gestión —por llamarlos de manera amable— en una de las empresas incorporadas a la Ley Bases como privatizable: Nucleoeléctrica Argentina, de la que dependen las centrales nucleares y todo lo vinculado al negocio nuclear. Dos directores/gerentes nombrados por el actual CEO, Demian Axel Reidel, votaron en contra de una licitación impulsada por él al considerarla sospechosa por sus elevados valores.

Durante la última semana, además, se supo que el CEO poseía deudas bancarias a noviembre de 2025 por cerca de $880 millones, según la Central de Deudores del BCRA. Sin embargo, al 31 de enero, y durante el mes de diciembre de 2025, esa misma central informó que se había eliminado la deuda con el Banco Macro por más de $800 millones.

Lo importante de todo esto es poder explicar de manera coherente cómo un funcionario que cobra poco más de $10 millones mensuales, que se encontraba en categoría 4 del Veraz y llevaba cerca de 120 días de mora, consiguió un monto cercano a 90 veces su salario.