El Gobierno acordó cambios en la reforma laboral y apunta a blindar la ley con respaldo de más de 40 senadores

El Gobierno nacional asegura haber alcanzado un entendimiento con más de 40 senadores para introducir modificaciones en la reforma laboral que se debate en el Congreso. El nuevo texto se mantiene bajo estricta reserva mientras continúan las negociaciones con los gobernadores, que reclaman compensaciones por el impacto fiscal de la iniciativa.

En la Casa Rosada reconocen que el capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias para sociedades sigue siendo uno de los puntos más sensibles del proyecto. “Si no les damos algo, esa parte no sale”, admiten fuentes oficiales, en referencia a la presión de las provincias por la futura pérdida de recursos coparticipables, que comenzaría a regir a partir de 2027 si la ley es sancionada.

Ante ese escenario, el Ejecutivo evalúa un esquema de compensaciones paralelas para las provincias, con el objetivo de amortiguar el impacto fiscal. La estrategia oficial apunta a cerrar acuerdos de mediano plazo que incluyan transferencias y mecanismos de retribución durante 2026.

Las negociaciones están a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, quien en las últimas semanas mantuvo reuniones con gobernadores dialoguistas. En Balcarce 50 destacan como antecedente la transferencia de $3000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Corrientes, acordada con el gobernador Juan Pablo Valdés.

En el oficialismo aseguran que el entendimiento con los mandatarios provinciales podría servir como base para futuras discusiones, incluida la reforma tributaria que el Gobierno planea impulsar a lo largo de este año.

Qué cambios se discuten

Según explican en el Ejecutivo, las modificaciones acordadas con los senadores se limitan a ajustes jurídicos y procedimentales. “No son cambios sustanciales”, insisten, y remarcan que el núcleo de la reforma laboral se mantiene intacto.

Ese núcleo incluye los artículos vinculados a la definición de la relación laboral, la presunción de dependencia, las distintas modalidades de contratación —como tiempo parcial, plazo fijo, trabajo eventual o por equipo—, las facultades del empleador para organizar la prestación del trabajo, el régimen de jornada y banco de horas, y el nuevo esquema indemnizatorio por despido, con topes y bases de cálculo redefinidas.

La segunda parte del proyecto contempla la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los plazos de entrada en vigencia de la ley, la redacción de normas procedimentales y el régimen de actualización y pago de créditos laborales, con el objetivo de reducir la litigiosidad y ordenar la aplicación del nuevo sistema.

En ese mismo tramo se incluye la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que por ahora el Gobierno prefiere no modificar hasta que el escenario político sea más claro.

El foco en Diputados y la presión de las provincias

En la Casa Rosada admiten que el escenario en la Cámara de Diputados es más incierto, aunque minimizan los riesgos. La apuesta oficial es que, en caso de que la Cámara Baja introduzca cambios, el Senado pueda revertirlos si el proyecto obtiene media sanción el próximo 11 de febrero.

Mientras tanto, los gobernadores avanzan con una agenda propia y preparan una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), prevista para esta semana, con la recaudación y el impacto fiscal de las reformas como eje central del encuentro.