Será el miércoles, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate en el Senado. Se definió en una reunión marcada por diferencias entre los sectores dialoguistas y el ala más dura de la central obrera.

Son los dos puntos clave de un temario acotado que se desarrollará hasta el 27 de febrero.

Desde el Ejecutivo aclaran que los cambios acordados son de carácter técnico y jurídico, y que no alteran los ejes centrales del proyecto, pero mantienen el nuevo texto bajo estricta reserva.

La central obrera iniciará la semana próxima una ronda de reuniones con gobernadores y legisladores para intentar frenar el avance del proyecto oficial. El primer encuentro será con Martín Llaryora, mientras crece el malestar sindical por mandatarios que evitan recibirlos.

Aunque el Gobierno apura las conversaciones con las bancadas dialoguistas, todavía no logró un consenso final. La influencia de los gobernadores y las modificaciones pedidas.

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado se reunió con senadores aliados para revisar el dictamen de la reforma laboral. Aunque aseguró que existe consenso, reconoció que habrá ajustes antes del tratamiento en sesiones extraordinarias.

La diputada de Unión por la Patria Julia Strada denunció que el oficialismo busca sumar apoyos provinciales ofreciendo modificar aspectos impositivos del proyecto. Aseguró que se negocia la coparticipación a cambio de avalar el resto de la iniciativa.

El Gobierno insiste en aprobar la reforma laboral tal como fue dictaminada en el Senado. Mientras negocia apoyos con los gobernadores, que reclaman fondos, la CGT se declara en alerta y anticipa que recurrirá a la Justicia si la ley avanza.

El oficialismo buscará aprobar la iniciativa en febrero y el resultado será clave para medir la solidez política del Gobierno. Tras dos años de confrontación, la relación entre el Presidente y los mandatarios provinciales entra en una etapa de negociación pragmática, marcada por el ajuste fiscal y la necesidad de apoyos legislativos.

El próximo viernes se reunirá la mesa política del oficialismo para terminar de definir la estrategia legislativa, mientras que una comisión técnica en el Senado analizará las observaciones planteadas por la CGT y las entidades empresarias.