Reforma laboral: Milei se niega a cambios, los gobernadores reclaman fondos y la CGT evalúa ir a la Justicia

Durante su viaje a Davos, en Suiza, el presidente Javier Milei aprovechó la agenda internacional para analizar junto a su círculo más cercano el rumbo económico del Gobierno para este año y, en particular, el futuro de la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso en las próximas semanas.

El mensaje que bajó el Presidente fue claro: el proyecto impulsado por el Ejecutivo debe aprobarse sin modificaciones. Esa postura es compartida por el ala dura del gabinete, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes rechazan cualquier tipo de negociación sobre el dictamen que se trataría en el Senado el próximo 11 de febrero.

Se trata del texto de 78 páginas que recibió dictamen favorable el 18 de diciembre en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Para el Gobierno, introducir cambios antes de su llegada al recinto implicaría retroceder en una de las principales banderas con las que Milei llegó a la Casa Rosada.

En el oficialismo recuerdan la experiencia de la Ley Bases, cuando la reforma laboral terminó plasmada en el DNU 70/23 y luego fue suspendida por la Justicia. Esta vez, aseguran, no están dispuestos a repetir ese escenario.

Milei confía en que el Gobierno logrará reunir el quórum y los votos necesarios para obtener la media sanción. En esa estrategia juega un rol central el ministro del Interior, Diego Santilli, que mantiene reuniones individuales con gobernadores aliados y peronistas cuyos legisladores acompañaron en más de una oportunidad iniciativas de la Casa Rosada.

La negociación con las provincias se da de manera fragmentada y no en bloque. El punto más sensible es el rechazo de los gobernadores a cualquier recorte en el impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable clave para las finanzas provinciales. Desde el Ejecutivo aclaran que una eventual baja de impuestos quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía y no se aplicará automáticamente tras la sanción de la ley.

El espacio Provincias Unidas —integrado por Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy— venía sosteniendo una postura común frente al Gobierno, advirtiendo que no aceptará reducciones en los fondos que llegan desde Nación. Sin embargo, en la Casa Rosada buscan abrir grietas en ese frente, especialmente con Chubut, que atraviesa una situación crítica por los incendios forestales y reclama asistencia extraordinaria.

En paralelo, el oficialismo también deja en claro que los gestos de rebeldía pueden tener costos políticos. En el entorno del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo interpretaron como una señal del mundo libertario la difusión de imágenes que lo mostraban de vacaciones en Aruba mientras su provincia sufría inundaciones en varias localidades. Aunque Jaldo explicó que se trató de una licencia personal sin uso de fondos públicos, el episodio aceleró su regreso a Tucumán.

Mientras tanto, en el Senado todos hacen cuentas. En el Gobierno creen que están en condiciones de asegurar tanto el quórum como la media sanción. En la CGT, en cambio, sostienen que a la oposición le faltarían al menos seis votos para frenar la iniciativa y admiten que será difícil conseguirlos, sobre todo por las necesidades financieras de las provincias.

Aun así, la central obrera decidió salir a jugar. La semana próxima, el triunvirato que conduce la CGT —integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— iniciará una recorrida por distintas provincias para reunirse con gobernadores y legisladores con el objetivo de bloquear el avance de la reforma.

En el sindicalismo aseguran que hoy no existe un canal de diálogo real con el Gobierno y que no hay margen para introducir cambios en puntos clave del proyecto, como la negociación colectiva, los aportes solidarios, las limitaciones al derecho de huelga y el nuevo esquema de indemnizaciones.

Ante ese escenario, la CGT ya trabaja en una serie de presentaciones judiciales y analiza avanzar por la vía de la inconstitucionalidad si la ley se aprueba tal como está. Aunque existe consenso en frenar la reforma, las estrategias dentro del sindicalismo son diversas. La mayoría de la conducción cegetista busca agotar las instancias políticas y evitar una huelga impulsada por el sector más cercano al kirchnerismo, liderado por el titular de la UOM, Abel Furlán.

En paralelo, el gastronómico Luis Barrionuevo volvió a mostrar su peso en el peronismo sindical al reunir a unos 400 dirigentes en Mar del Plata, en un encuentro de la Juventud Sindical Peronista que contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, uno de los hombres de mayor confianza de Axel Kicillof.

En el Senado, la encargada de las negociaciones es Patricia Bullrich, quien tras regresar de sus vacaciones retomó contactos con distintos sectores. En ese marco, coincidió con Karina Milei y con los hermanos Menem, Martín y “Lule”, en la conveniencia de evaluar eventuales retoques al dictamen para garantizar su aprobación definitiva.

Sin embargo, la definición final volvió a quedar en manos del Presidente. Milei fue tajante ante la Mesa Política y el resto del gabinete: la reforma laboral debe aprobarse sin cambios.