Tensión en el Congreso por la reforma laboral: los gobernadores están divididos y Milei, obligado a negociar para sumar votos

A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el vínculo con los gobernadores dejó atrás la confrontación directa del primer tramo y comenzó a redefinirse bajo una lógica más pragmática. El ajuste fiscal, la escasez de recursos y la falta de mayorías propias en el Congreso obligaron al Ejecutivo a abrir canales de negociación con las provincias, en un escenario político que se volvió voto a voto.

El tercer año de mandato encuentra al Gobierno concentrado en el paquete de reformas que se debatirá en el Congreso, con la reforma laboral como primer gran test político. El oficialismo apuesta a tratarla en febrero y su resultado funcionará como un termómetro para medir la capacidad de Milei de avanzar con su agenda en un Parlamento fragmentado.

El inicio del gobierno libertario estuvo atravesado por un fuerte choque con las provincias. El recorte de transferencias, la paralización de la obra pública y la eliminación de fondos compensadores tensaron la relación y derivaron en el fracaso de la primera versión de la Ley Bases. Aquella experiencia dejó una señal clara sobre el peso territorial de los gobernadores y su rol decisivo en el Congreso.

Con el ajuste ya consolidado y sin mayorías propias, el Gobierno ensayó un giro en la estrategia. Los Aportes del Tesoro Nacional, la promesa de reactivar obras puntuales y los acuerdos sobre deudas previsionales comenzaron a funcionar como herramientas para ordenar apoyos legislativos. El Presupuesto 2026 marcó el primer ensayo de ese nuevo equilibrio.

En ese contexto, la reforma laboral aparece como la próxima prueba. Aunque existe consenso en la necesidad de modernizar el sistema, las provincias exhiben posiciones divididas sobre el alcance y el impacto fiscal del proyecto impulsado por la Casa Rosada.

Entre los gobernadores con mejor vínculo con el Ejecutivo se encuentran Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Claudio Poggi, quienes mantienen diálogo fluido con el oficialismo y se muestran dispuestos a acompañar la reforma, aunque reclaman mayor previsibilidad en los giros y fondos para infraestructura. En una línea similar se ubican mandatarios como Marcelo Orrego, Juan Pablo Valdés, Hugo Passalacqua, Alberto Weretilneck y Gustavo Sáenz, claves en la sanción de leyes durante 2025.

Dentro de este grupo también aparecen Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, con una postura más ambigua. Si bien respaldaron el Presupuesto 2026 y ven con buenos ojos una actualización del régimen laboral, plantean reparos sobre el impacto fiscal, especialmente en el capítulo tributario del proyecto. Allí se concentra uno de los principales focos de conflicto, ya que la reducción de alícuotas en impuestos coparticipables podría afectar la recaudación provincial.

Otro sector clave es el espacio de Provincias Unidas, integrado por gobernadores que combinan colaboración legislativa con un discurso crítico hacia el Gobierno. Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro son actores centrales en votaciones ajustadas y, aunque reconocen la necesidad de cambios para favorecer a las pymes, reclaman un debate punto por punto y rechazan un tratamiento acelerado.

A este grupo se suman Ignacio Torres, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Rolando Figueroa, que acompañan al Ejecutivo en general, pero marcan límites cuando consideran que se alteran acuerdos previos. Ese posicionamiento quedó expuesto durante el debate del Presupuesto 2026, cuando rechazaron artículos incorporados a último momento por el oficialismo.

En el otro extremo se ubica un bloque de gobernadores con perfil opositor, encabezado por Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Elía Suárez. Los mandatarios cuestionan el impacto federal de las reformas y advierten sobre una pérdida sostenida de recursos para las provincias, en un contexto de fuerte ajuste del gasto nacional.

La ejecución presupuestaria de 2025, con una caída real cercana al 29%, profundizó las diferencias. Los ATN volvieron a ser una herramienta clave para ordenar apoyos, mientras persisten reclamos por deudas previsionales que las provincias consideran insuficientemente atendidas en el Presupuesto 2026.

La reforma laboral expone, así, el nuevo vínculo entre Milei y los gobernadores. De la confrontación abierta se pasó a una negociación condicionada, con recursos escasos y acuerdos frágiles. En el tercer año de gestión, el Gobierno necesita sostener apoyos para avanzar en su agenda, mientras las provincias administran sus votos sin resignar poder territorial.