Javier Milei irá por la reforma laboral y está dispuesto a enfrentar a la CGT, el PJ y los gobernadores peronistas

La aprobación de la ley de Presupuesto y la forma en que fue sancionada en el Senado funcionaron como un verdadero bálsamo para Javier Milei, luego del duro revés sufrido en la Cámara de Diputados con la caída del polémico capítulo 11, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para personas con discapacidad.

Tras el enojo inicial y la amenaza de transitar un tercer año de gestión sin Presupuesto, en la Casa Rosada se impuso el pragmatismo. El cambio de clima estuvo influido, en buena medida, por los mensajes que llegaron desde el Fondo Monetario Internacional, Washington y los potenciales inversores externos, que reclaman previsibilidad y reglas claras para la economía argentina.

El Gobierno interpretó que el respaldo legislativo era clave. Y los números en el Senado resultaron alentadores: el Presupuesto fue aprobado en general con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Incluso el polémico artículo 30, que recortaba fondos para educación, ciencia y tecnología, estuvo cerca de prosperar: obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.

“Es un hecho histórico”, celebró Milei, quien también destacó la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, con la que el Ejecutivo busca incentivar la exteriorización de dólares no declarados. “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”, afirmó el Presidente.

Detrás de ambas votaciones hubo una intensa negociación política. El ministro del Interior, Diego Santilli, Karina Milei, los hermanos Menem (Adrián y Lule) y el asesor Santiago Caputo participaron de las conversaciones voto a voto con legisladores y gobernadores dispuestos a dialogar, especialmente a cambio de fondos para cajas previsionales provinciales y otros recursos urgentes.

Envalentonado por el resultado en la Cámara alta, Milei ahora apunta a un desafío mucho más complejo: lograr en febrero —durante la extensión de las sesiones extraordinarias— o en marzo, con el inicio de las ordinarias, la sanción de la ley de Modernización Laboral. Se trata, en los hechos, de una reforma que implica una flexibilización del mercado de trabajo, reclamada por grandes empresarios, PyMes y el FMI.

El camino no será sencillo. El Gobierno ya debió retroceder en su intento de obtener media sanción antes de fin de año por falta de votos. Aun así, la Casa Rosada está decidida a enfrentar la resistencia que anticipan la CGT, el PJ/kirchnerismo y los gobernadores peronistas más combativos.

La clave estará en los mandatarios provinciales aliados o dialoguistas, un grupo heterogéneo que incluye peronistas, radicales y dirigentes del PRO. Si bien muchos de ellos ven con buenos ojos una reforma laboral, advierten que no acompañarán un recorte indiscriminado de derechos de los trabajadores.

Durante el debate del Presupuesto aceptaron votar por capítulos y no por artículos para evitar que cayeran normas que el Gobierno consideraba centrales. El límite fue, justamente, el capítulo 11. En materia laboral, en cambio, pretenden discutir artículo por artículo aquellos puntos que puedan generar un fuerte impacto social.

Habrá que observar con atención la postura de los gobernadores de Provincias Unidas: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres, Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes ya demostraron firmeza cuando se vieron afectados los intereses de sus provincias.

Otro grupo con peso en la negociación está integrado por Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), que suelen dialogar con la Casa Rosada pero también ponen reparos a la reforma laboral.

En tanto, Milei sabe que Axel Kicillof será el principal opositor desde la provincia de Buenos Aires, un territorio donde el gobernador y la mayoría de los intendentes peronistas disputan el liderazgo interno con Cristina Kirchner y La Cámpora.

Precisamente en Buenos Aires la CGT buscará apoyarse con su nueva conducción. Aunque no descartan un plan de lucha con movilizaciones o paros, en la central sindical reconocen que el actual clima social y político podría restarle eficacia a ese tipo de medidas.

Así, el Presidente avanza decidido hacia la reforma laboral, con un escenario abierto y un final todavía incierto en el Congreso.