No es propio sino voluntad del jefe
En forma conjunta el DNU y la Ley Bases plantean prácticamente una situación anárquica en cualquier país del mundo, o sea cada uno hace lo que quiere, y podría llegar incluso a una disolución de la República consecuencia de ellos.
Transcurrido el primer mes del mandato presidencial de la nueva administración votada por la población de nuestra República el 19/11 pasado ya podemos evaluar sus medidas. A fecha 12 de diciembre el flamante Ministro de Economía Luis Caputo dispuso que el tipo de cambio (dólar oficial) pase de $360 a $ 800 –o sea, una devaluación del 118% o $440 adicionales-, dar la orden de paralización de la obra pública (excepto el gasoducto del norte que ya estaba concesionado por Techint) lo que equivale a la pérdida de cerca de 250.000 empleos directos de la construcción y 1 millón en total con las empresas que abastecen a los constructores que equivaldrían a casi duplicar la desocupación de 6.3% directamente a marzo/2024 o más tardar en junio/2024. Ese aumento de la desocupación significaría mandar a cerca de 4 millones de argentinos a la pobreza por falta de ingresos, lo que significaría pasar a cerca de 54% de pobres de acuerdo a la UCA porque en 2015 INDEC no medía pobreza que en ese momento era de 29%, en 2019 39% y en 2023 44.5%.
Solo esas 2 medidas sumadas al DNU 70/2023 de desregulación cuasi total de la economía ideado por Federico Sturzenegger para un gobierno de Patricia Bullrich generaron subas desproporcionadas de precios en bienes y servicios que llevaron a duplicar la inflación promedio que teníamos hasta noviembre (12%) y en diciembre solo por la devaluación fue del 25.5%; ahora desde el mes de enero en adelante tendremos los resultantes de la suba de precios y se estiman datos del 1T2024 cercanos al 100% acumulado de inflación. Como resultante de todo esto tenemos hoy medidas cautelares –recursos de amparo- otorgados por el Poder Judicial desde lo laboral y lo Contencioso Administrativo que comienzan a llegar a la CSJN por recursos de provincias como LA RIOJA y las apelaciones concedidas a los amparos otorgados por la CNAT a la CGT y la CTA. Incluso el DNU 70/2023 incluye temas que el art 99 inc 3 de la CN lo prohíbe rotundamente como modificar el código aduanero –son temas penales y tributarios-y otros adicionales como la sumatoria del poder público.
En forma conjunta el DNU y la Ley Bases (omnibus) plantean prácticamente una situación anárquica en cualquier país del mundo, o sea cada uno hace lo que quiere, y podría llegar incluso a una disolución de la República consecuencia de ellos.
Lo más importante son las medidas adoptadas y no tan así quien las rubricó, sino quien habría aprobado su implementación. Puesto que su rúbrica es sin duda del Sr Presidente, y deberá asumir sus responsabilidades en el futuro, pero sería muy bueno que quien generalmente sean los brazos fuertes del Sr Presidente; o sea, tanto la Secretaría Legal y Técnica como la Secretaría General de la Presidencia de la Nación sean ejercidas por personas con conocimientos técnicos para ello adquiridos en forma académica o en su defecto por experiencia en la Administración Pública Nacional. Caso contrario nos podríamos llegar a encontrar con negligencias en el cumplimiento de los deberes de funcionario público pero siempre recordando que el desconocimiento de la Ley, en nuestro Código Penal, no significa que se justifique el incumplimiento de la misma volviéndolos responsables penalmente responsable en caso que las circunstancias permitan considerarlo.
En materia tributaria se subió el IMPUESTO PAIS para los servicios digitales a pocos días de la asunción, se quitaron los ATN a las provincias (siendo Córdoba la última en recibir $ 3MM hace 10 días), se pretende colocar 15% de retenciones a las economías regionales que se encuentran en 0%, pretenden que los gobernadores se hagan cargo del costo político de derogar la eliminación de la 4ta categoría de Ganancias a los trabajadores. Todo esto nos lleva a una hiperinflación nominal autogenerada, puesto que estábamos en hiperinflación relativa desde enero 2018 y habíamos entrado en un proceso de recesión afianzado desde mayo y agosto 2018 que el gobierno de ese momento firmó los 2 acuerdos con el FMI pidiendo préstamos de U$S 36 y 58 MM, respectivamente, con el actual Ministro de economía como pleno artífice de los mismos.
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