¿Es solución judicializar la cobertura farmacéutica?
El libre mercado llevó el precio de los remedios a las nubes. El poderío de los laboratorios es tal, que, si el paciente no puede afrontar el costo de un fármaco, obligan a responder solidariamente a obras sociales, prepagas y hasta el propio Estado.
El libre mercado llevó el precio de los remedios a las nubes. El poderío de los laboratorios es tal, que, si el paciente no puede afrontar el costo de un fármaco, obligan aresponder solidariamente a obras sociales, prepagas y hasta el propio Estado.
El Ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, confirmó su preocupación por que el Estado recibe unos 10 amparos diarios para pagar remedios caros, el último fue por 15 millones de pesos. Estas decisiones judicales obligan a pagarle al laboratorio productor remedios de nueva generación, sin probada eficacia, pero con precios 50 o más veces superiores al de la vieja generación que pretenden reemplazar.
Las Obras Sociales también reciben amparos millonarios obligándolas a cubrir tratamientos farmacéuticos de alto precio, y si el agente del seguro demora unos días en pagar el remedio, le embargan la cuenta banacaria y directamente le toman la plata. Un disparate, considerando que el dinero es de los trabajadores y si se abona un exagerado precio de un fármaco no se dispondrá de fondos suficientes para cubrir las restantes prestaciones para los demas pacientes. O sea que la voracidad de unos laboratorios está vaciando las arcas estatales y de la seguridad social amparados en supuestas mejoras para la salud que no están probadas, ya que a menudo los graves efectos secundarios suelen terminar en el retiro del producto del mercado.
Si un paciente no puede abonar el alto precio del remedio, el propio laboratorio dispone de “muy espacializados estudios jurídicos” que recurren a la justicia y en trámite expres, ésta le da la razón a la empresa y obliga al sistema de cobertura y/o al Estado a pagar sin más trámite.
Es tal la preocupación, que con el fin defender a los pacientes y a la seguridad social de estos obusos de la industria médica, se creó recientemente la Unión de Obras Sociales – UOS, cuyo fin es articular los derechos de los pacientes con las obligaciones de los agentes de seguro, principalmente pequeños y medianos, que quedan en bancarrota cuando los obligan a pagar medicamentos de 300 mil, 500 mil o 1 millón de dólares.
Considero que llegó la hora de discutir sinceramante el precio de los medicamentos. No podemos mirar para otro lado cuando unos pocos abusadores se quedan con los recursos de casi todos y desamparan a la mayoría.
Argentina tiene los fármacos más caros del mundo, incluso más que Estados Unidos e Inglaterra, porque ningún gobierno se atreve a frenar la avaricia de corporaciones más interesadas en el valor de sus acciones que en la salud de la población.
Desde el golpe a Arturo Humberto Illia, ningún presidente se atrevió a enfrentar a las farmacéuticas, que imponen su condición dominante y financian la política con presupuestos para lobby superiores al de petroleras y tabacaleras. Dichas cajas se nutren justamente del elevado precio de venta al público que fijan a los productos sanitarios.
La discusión no es si debe o no cubrirse el medicamento, sino qué precio tiene ese producto sujeto o no a cobertura.
Se sabe que los precios de los remedios se fijan con tasas de rentabilidad de entre un mil y treinta mil por ciento respecto de sus costos de producción, y que las investigaciones de las que surgen los nuevos productos no son afrontadas por el laboratorio en su totalidad, sino que son apoyadas con dinero de los contribuyentes, que después son, paradójicamente, condenados a abonar precios carísimos.
Es decir que el laboratorio recibe subsidios, créditos y otros beneficios para investigar y producir nuevos fármacos, que una vez puestos a la venta, tienen precios elevadísimos para recuperar una “inversión” que, como se explicó, fue realizada en su mayoría por el Estado. Hacer silencio frente a este abuso, es pegarse un tiro en los pies.
Se sabe que la industria farmacéutica invierte más en marketing que en investigación y que sostiene un sistema de premios y ventajas para quienes prescriben y dispensan productos caros. Con el elevado precio de los remedios, la industria sostiene un sistema descompuesto del que viven malos profesionales de la salud y politicos corruptos.
El precio de los medicamentos no debe quedar unilateralmente en manos del productor porque son un bien social. El precio debe tener relación con el costo de producción y distribucón y la real inversión en investigación y desarrollo. Debemos encontrar un mecanismo apropiado para que el precio de los fármacos lleve tranquilidad a la población, en particular a los jubilados.
Una ley, un índice o una fórmula podría garantizar una rentabilidad razonable a los productores, sin quitar acceso a los pacientes. Una especie de “paritaria” anual entre empresarios, sindicatos, consumidares y Estado, que dé previsibilidad al precio de los remedios. Si los trabajadores aceptamos discutir y consensuar nuestro salario, los empresarios podrían hacer lo mismo con el precio de sus productos sanitarios, considerando que éstos son esenciales para vida.
Alguien tiene que decirles a los magistrados que los amparos que otorgan no están beneficiando a los pacientes sino enriqueciento a un grupo de vivos que están empobreciendo a la gente y promoviendo una salud cara para pocos.
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