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El Gobierno porteño no acata el fallo de la Justicia Federal y mantiene las clases presenciales

A través de un comunicado, el Gobierno porteño decidió atenerse al veredicto de la Cámara de Apelaciones y ratificó que las aulas seguirán abiertas.

Pese al revés que significó el fallo de la Justicia Federal, Horacio Rodríguez Larreta ratificó que habrá clases presenciales en la Ciudad de Buenos de Aires hasta que la Corte Suprema intervenga sobre la cuestión de fondo. En tanto, los docentes porteños convocaron a un paro para este miércoles.

“Hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales”, es el título del escueto documento emitido por la gestión porteña. “Con relación al fallo recientemente dictado por un Juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratifica que las clases continuarán siendo dictadas en forma presencial como hasta el día de hoy”, señala el texto.

Al entender del gobierno porteño, la Justicia Federal no tiene competencia porque en el seno del Poder Judicial de la Nación, la Corte ya se manifestó competente. “El Gobierno de la Ciudad no incumple ningún fallo de la Justicia Federal, sino que continúa cumpliendo con el fallo de la Cámara de Apelaciones. Ese fallo fue dictado con anterioridad, incluso antes que la Corte Suprema aceptara nuestro reclamo y señalara que ella misma es la que va a decidir sobre esta cuestión”, especificó Gabriel Astarloa, procurador general de la Ciudad, en diálogo con TN.

Y profundizó: “La última palabra la tendrán ellos (la Corte), pero mientras eso ocurre, el jefe de Gobierno debe someterse al fallo de la Justicia de la Ciudad. Tiene un mandato muy claro en la constitución de la Ciudad. El artículo 6 establece y obliga a todas las autoridades constituidas dentro del ámbito de la Ciudad de manera expresa, permanente e irrenunciable a que preserven la autonomía. Hay una obligación de acatar este fallo”.

Astarloa, uno de los presentes en la reunión de urgencia convocada por Horacio Rodríguez Larreta para definir los pasos a seguir tras el fallo de la Justicia Federal, indicó que la Corte se expedirá “un plazo de cinco días”.

La medida dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari cayó como una bomba en el edificio de Parque Patricios. Y mientras comenzaban a sonar las primeras cacerolas en rechazo al cierre de aulas, el jefe de Gobierno convocó a sus funcionarios más cercanos y sus asesores jurídicos. El vicejefe Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario General, Fernando Straface; el Procurador, Gabriel Astarloa; y la ministra de Educación, Soledad Acuña, participaron del encuentro.

El fallo de la Justicia Federal implicaba que la continuidad de las clases presenciales quedara en suspenso hasta que la Corte Suprema definiera la cuestión de fondo. Sin embargo, CABA resolvió atenerse a la decisión de la Cámara de Apelaciones porteña y garantizar la apertura de aulas hasta que el máximo tribunal intervenga en el caso.

Los gremios UTE y Ademys resolvieron en la noche del martes continuar mañana con el paro de actividades en las escuelas porteñas. Esas organizaciones paralizaron nuevamente las tareas en las últimas horas con elevado acatamiento en rechazo a “la insistencia del Gobierno porteño de incumplir el decreto presidencial y procurar la presencialidad en las escuelas” de la Ciudad de Buenos Aires.

El juez Furnari resolvió “admitir parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional, declarar la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y disponer su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Además, dispone “dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril en la causa Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas sobre incidente de queja por apelación denegada y hacer saber al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar la medida allí ordenada”.

Rodríguez Larreta había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para desactivar los efectos del decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández, que suspendió la presencialidad en las aulas hasta el 30 de noviembre. La Corte admitió su competencia en el tema y ahora lo tiene pendiente de resolución, pero la Justicia porteña había ordenado garantizar las clases presenciales, lo que fue calificado como una “aberración jurídica” por parte del Gobierno. Ahora, un Juzgado Federal dispuso que la reanudación de las clases presenciales debe esperar a que falle el máximo tribunal.

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