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El Gobierno ordenará aumentos a trabajadores del sector privado por decreto
Así lo establece uno de los artículos de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
El presidente Alberto Fernández ordenará disponer de forma obligatoria que el sector privado abone a sus empleados incrementos salariales mínimos. Así lo establece el artículo 54 del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que desde este miércoles empezará a tratar Diputados.
Fuentes oficiales confirmaron que los aumentos se ordenarían por decreto y estarían dirigidos fundamentalmente a los trabajadores que quedaron más rezagados en las negociaciones paritarias. Añadieron que la ronda de negociaciones con los empresarios y con los sindicatos comenzarían solo una vez que el Congreso sancione la ley.
En el Ejecutivo también sugirieron que el artículo no necesariamente se sostendrá tras la discusión parlamentaria.
Desde el ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, tampoco hubo precisiones sobre el mecanismo elegido para la implementación de esa medida. En la Cartera de Economía, que conduce Martín Guzmán insistieron en que la discusión sería sector por sector.
Los artículos B y C del proyecto otorgan algunas respuestas sobre las herramientas a las que podrían recurrir los empresarios con para afrontar los hipotéticos aumentos. Los privados podrían ser eximidos temporalmente de sus obligaciones para el pago de aportes y contribuciones; también de los aportes patronales y/o de contribuciones personales. De ese modo el costo de los aumentos sería compartido por el Estado y los empresarios.
Se especula con un bono por única vez o con incrementos escalonados en cuotas. De todos modos, insisten en afirmar que si el artículo se mantiene en la ley, el carácter sería obligatorio para el universo de trabajadores que el mandatario pudiera elegir.
Los antecedentes más cercanos en el tiempo no tuvieron el cumplimento y el éxito esperado. En noviembre de 2018, tras la devaluación y la corrida cambiaria, Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para ordenar el pago de un bono de $5 mil pesos a los trabajadores del sector privado. El mismo era de carácter no remunerativo, se abonó en dos cuotas y podía ser tomado a cuenta de futuros aumentos. Los empresarios también debían informar a la secretaría de Trabajo antes de concretar despidos. Los resultados fuero magros: los despidos se incrementaron y el salario real siguió en caída. Solo acató la medida el 65 por ciento de los empleadores.
Por esa razón, en el flamante Gobierno quieren asegurarse que quienes sean obligados cumplirán con la normativa.
Fuentes oficiales confirmaron que los aumentos se ordenarían por decreto y estarían dirigidos fundamentalmente a los trabajadores que quedaron más rezagados en las negociaciones paritarias. Añadieron que la ronda de negociaciones con los empresarios y con los sindicatos comenzarían solo una vez que el Congreso sancione la ley.
En el Ejecutivo también sugirieron que el artículo no necesariamente se sostendrá tras la discusión parlamentaria.
Desde el ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, tampoco hubo precisiones sobre el mecanismo elegido para la implementación de esa medida. En la Cartera de Economía, que conduce Martín Guzmán insistieron en que la discusión sería sector por sector.
Los artículos B y C del proyecto otorgan algunas respuestas sobre las herramientas a las que podrían recurrir los empresarios con para afrontar los hipotéticos aumentos. Los privados podrían ser eximidos temporalmente de sus obligaciones para el pago de aportes y contribuciones; también de los aportes patronales y/o de contribuciones personales. De ese modo el costo de los aumentos sería compartido por el Estado y los empresarios.
Se especula con un bono por única vez o con incrementos escalonados en cuotas. De todos modos, insisten en afirmar que si el artículo se mantiene en la ley, el carácter sería obligatorio para el universo de trabajadores que el mandatario pudiera elegir.
Los antecedentes más cercanos en el tiempo no tuvieron el cumplimento y el éxito esperado. En noviembre de 2018, tras la devaluación y la corrida cambiaria, Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para ordenar el pago de un bono de $5 mil pesos a los trabajadores del sector privado. El mismo era de carácter no remunerativo, se abonó en dos cuotas y podía ser tomado a cuenta de futuros aumentos. Los empresarios también debían informar a la secretaría de Trabajo antes de concretar despidos. Los resultados fuero magros: los despidos se incrementaron y el salario real siguió en caída. Solo acató la medida el 65 por ciento de los empleadores.
Por esa razón, en el flamante Gobierno quieren asegurarse que quienes sean obligados cumplirán con la normativa.
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