El Gobierno apura la reforma laboral en el Senado, pero enfrenta resistencias políticas, gremiales y judiciales
La Casa Rosada busca cerrar el año con la aprobación de uno de sus proyectos clave, aunque los plazos ajustados, la falta de consensos y el riesgo de una ola de juicios complican el plan oficial.
El oficialismo intenta acelerar en el Senado la sanción de la reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles del paquete legislativo del Gobierno. La estrategia apunta a llegar a fin de año con una victoria política, pero el camino aparece plagado de obstáculos: tiempos exiguos, resistencias opositoras, rechazo sindical y un alto riesgo de judicialización.
A diferencia del Presupuesto 2026 —que cuenta con un cronograma más ordenado y una composición legislativa más favorable—, la reforma laboral vuelve a exponer las dificultades del Gobierno para construir acuerdos en iniciativas que impactan de lleno en derechos adquiridos y en la estructura del mercado de trabajo.
La intención de La Libertad Avanza es tratar el proyecto en comisión, obtener dictamen y llevarlo al recinto en apenas dos semanas, con la Navidad en el medio y sin comisiones aún conformadas. Una hoja de ruta ambiciosa que incluso dentro del Senado genera dudas sobre su viabilidad.
Un apuro que genera desconfianza
La jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, busca acelerar el tratamiento de la iniciativa y capitalizar políticamente una media sanción antes del receso legislativo. Sin embargo, la propia dinámica parlamentaria conspira contra ese objetivo: Bullrich será presidenta de la Comisión de Trabajo, pero ese cuerpo todavía no está formalmente constituido.
Desde la oposición advierten que el apuro no responde a una necesidad institucional sino a una urgencia política del Ejecutivo. “¿Para qué apurarse?”, es la pregunta que empieza a repetirse en los pasillos del Senado, donde distintos bloques ya anticiparon que pedirán escuchar a más de cien especialistas durante el debate en comisión, una maniobra que, de concretarse, dilataría inevitablemente el tratamiento.
A eso se suma el rechazo explícito de los gremios, los delegados de base y sectores del sindicalismo que consideran que la reforma perjudica a millones de trabajadores y debilita la protección laboral.
El conflicto con la CGT y la advertencia judicial
La tensión con la CGT escaló en los últimos días luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmara que la reforma laboral se aplicaría también sobre los contratos vigentes. La declaración encendió alarmas en el sindicalismo y reforzó el argumento de que el proyecto podría tener efectos retroactivos.
Desde la central obrera interpretaron las palabras del funcionario como una confirmación de que la reforma implicará una reducción de indemnizaciones incluso para trabajadores en actividad, lo que habilitaría una catarata de litigios judiciales.
Aunque en el Gobierno relativizan el costo político de una protesta gremial —y aseguran que la dirigencia sindical está “deslegitimada”—, la posibilidad de miles de juicios laborales en un fuero históricamente adverso al oficialismo aparece como un riesgo concreto.
Tensiones también entre empresarios
El proyecto también genera ruido en sectores empresariales. Uno de los puntos más conflictivos es la eliminación de la obligatoriedad de los aportes solidarios a los gremios, una medida que la CGT rechaza de plano por su impacto financiero.
Mientras el Gobierno sostiene ese punto como una bandera, algunos empresarios temen que la estrategia de “tensar la cuerda” termine haciendo fracasar la reforma en su conjunto. La falta de señales claras sobre si esos artículos son negociables o no incrementa la incertidumbre.
Un final abierto
Con plazos ajustados, resistencias políticas y sindicales, y un frente judicial que amenaza con activarse, el objetivo del oficialismo de obtener media sanción antes de fin de año aparece lejos de estar asegurado.
Lejos de un consenso amplio, la reforma laboral vuelve a mostrar las limitaciones del Gobierno para avanzar con cambios estructurales en un contexto de fragmentación parlamentaria y conflictividad social. El apuro oficial, lejos de allanar el camino, parece sumar interrogantes sobre la viabilidad y el costo político de la iniciativa.
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