Argentina exigió en la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
El gobierno de Javier Milei reclamó una “acción inmediata” ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y pidió ejecutar las órdenes de arresto contra los principales jefes del régimen chavista. Hubo un cruce diplomático con la delegación venezolana.
Argentina exigió este lunes una intervención urgente de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El planteo fue presentado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante el tribunal de La Haya, durante la apertura de la conferencia anual del organismo.
El reclamo de la Casa Rosada llega en un contexto de creciente tensión entre el régimen chavista y el gobierno de Donald Trump, que desplegó buques de guerra frente a las costas venezolanas y exige la salida del país de los líderes acusados de terrorismo y narcotráfico.
Según expuso Sadofschi, la situación en Venezuela se agravó después de las “fraudulentas elecciones” de julio de 2024 y requiere una respuesta inmediata de la comunidad internacional. El diplomático sostuvo que, desde que la oficina del fiscal de la CPI anunció en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre el caso, “ha habido pocos avances”, y denunció la persistencia de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y crímenes contra la humanidad.
Durante su intervención, Argentina decidió no bloquear el consenso general de la asamblea, pero dejó claro que esa postura no puede interpretarse como un gesto hacia el gobierno venezolano. Sadofschi remarcó que el país “no se siente ni puede ser considerado parte de la decisión” y pidió que esa disociación quede registrada en las actas oficiales.
Al retomar la palabra, el embajador reforzó la posición argentina: “La situación en Venezuela exige medidas concretas y urgentes para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen”. También reclamó que se aceleren los mecanismos de cooperación internacional para avanzar en la ejecución de arrestos y evitar que la demora prolongue la violación sistemática de los derechos humanos.
La intervención argentina generó una respuesta inmediata del delegado de Venezuela, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Javier Milei de “politizar la conferencia” y calificó su postura como la de un “falso defensor de derechos humanos”. El funcionario chavista, representante de un régimen que desconoce los resultados de las últimas elecciones presidenciales, pidió concentrarse en tareas “constructivas” dentro del tribunal.
Sadofschi respondió rechazando “en todos sus términos” las acusaciones venezolanas y reiteró que Argentina “no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”. Señaló además que la postura argentina busca fortalecer el trabajo de la Corte y no debilitarlo, e instó a que las investigaciones avancen con la urgencia que exige la gravedad del contexto venezolano.
La conferencia anual de la Corte Penal Internacional continuará durante la semana con debates sobre los desafíos operativos del tribunal y la cooperación entre los Estados miembros. Argentina, por su parte, mantendrá su posición de exigir celeridad y acciones concretas para frenar los crímenes de lesa humanidad que se le adjudican al régimen de Maduro.
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