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Subsidios: magnitud e implicancias de su eliminación

Por Nadin Argañaraz. Un subsidio financiero se define como la diferencia entre el costo de producción de un bien o servicio y el precio (inferior al costo) afrontado por el consumidor. El subsidio puede ser para el consumidor o para el productor. En el último caso, puede disminuir el costo de producción o incrementar el precio recibido.

A través de una baja en los precios, los subsidios tienden a incrementar el consumo de los bienes o servicios en la economía. Con el mismo ingreso disponible para gastar, los consumidores pueden comprar luego del subsidio una mayor cantidad, y el proveedor recibe un precio mayor. La diferencia, claro está, la financia el Estado, en el entendimiento que los beneficios para los consumidores y productores superan a los costos fiscales del subsidio.

La teoría económica indica que aún cuando un subsidio puede ser importante en una etapa de inicio o desarrollo de alguna actividad, debieran ser mantenidos sólo en forma temporal, debido a los incentivos y distorsiones que crean a su alrededor, y la dificultad que se tiene para eliminarlos a medida que se van volviendo más relevantes y son percibidos como una política de largo plazo.

Este es precisamente el desafío que se plantea en nuestro país una vez que se ha abierto el debate acerca de la conveniencia del mantenimiento de los subsidios, básicamente a la energía y al transporte, o bien qué grado de subsidios mantener y para qué grupos de la población hacerlo. Claramente se está frente a una reforma compleja.

Las Transferencias corrientes a Empresas Privadas y a Empresas Públicas, fondos fiduciarios y otros entes, (comúnmente conocidas como subsidios para financiar la oferta de bienes y servicios), podrían llegar a ubicarse entre $70.000 y $80.000 millones hacia fines del 2011, evidenciando un importante crecimiento, cuando en 2006 no llegaban a $5.000 millones. Este tipo de transferencias no solo mostró un marcado crecimiento en magnitud, sino también en importancia dentro del total del gasto que ejecuta el gobierno nacional. Pasó de representar un 5% del gasto primario de la Administración Nacional del 2006, al 18% en 2011.

Al momento de analizar una probable disminución y/o eliminación de los subsidios a la producción, es clave tener en cuenta las distorsiones que se generaron cuando los mismos fueron introducidos, a los fines de evitar que esas distorsiones se acentúen.

Impacto Microeconómico: Los subsidios introducen modificaciones en los precios relativos de la economía. Al otorgarse un subsidio para impedir que aumente el precio de un bien o servicio, lo que se está haciendo es abaratar este bien con relación al resto de los bienes de la economía que no se encuentran favorecidos por este esquema. Este abaratamiento del bien o servicio subsidiado genera en las familias efectos que llevan a que se consuman más cantidades del bien o servicio subsidiado, a la vez que por el lado de la oferta se tiende a desalentar la inversión en nueva infraestructura que permita en un futuro obtener una mayor producción de estos bienes y servicios.

Impacto Macroeconómico: Cuando se introducen subsidios en la magnitud que han adquirido hoy en día en Argentina, se genera un impacto expansivo en el nivel de actividad y en consecuencia sobre la economía, fomentado por el mayor consumo y/o la mayor producción de los bienes y servicios relacionados. A la inversa, una eliminación de los subsidios tendría efectos sobre la economía de manera contraria (considerando que ese dinero no es gastado o invertido en otros fines).

Equidad y distribución regional: Los subsidios también poseen impacto en la distribución del ingreso personal, en el sentido que pueden favorecer a personas de distintos estratos poblacionales. A su vez, si los subsidios son distribuidos de una manera desigual entre las distintas provincias, existe un efecto regional de importancia a tener en cuenta.

En definitiva, al avanzarse sobre una eliminación relevante de los actuales subsidios a la producción, es clave que se estudie la manera de mejorar sus efectos tanto sobre la eficiencia como sobre la equidad en el uso de los mismos, y evitar que se terminen acentuando las actuales distorsiones existentes. Aspectos como la gradualidad, previsibilidad y transparencia deberían ser los pilares de cualquier reforma a implementarse.