En las últimas semanas más de 9000 internos pertenecientes a 20 de las 57 cárceles del Sistema Penitenciario Bonaerense y la Unidad Penitenciaria Federal de Devoto, mantuvieron una huelga de hambre en reclamo por la conmutación de penas y las condiciones inefables derivadas de la sobrepoblación carcelaria. Además objetan la utilización de la prisión preventiva de los presos sin condena firme.
La medida fue sostenida durante doce días, y acompañada de otras que incluyen: la redacción de un petitorio unificado, denuncias judiciales, la folclórica quema de colchones y la manifestación de los familiares en la puerta del penal. El reclamo tuvo resonancia mediática y llegó a las oficinas de Axel Kicillof, flamante gobernador de la Provincia de Bs Asy de su Ministro de Justicia, Julio Alack, que reaccionaron rápidamente para contener un conflicto en escala, a días de asumir.
Al parecer, la celeridad con la que algunos de los detenidos más “famosos” -no solo los políticos- recuperaron su independencia extramuros, funcionó a la vez como disparador y como dardo tranquilizante.
Los presos levantaron “preventivamente” la huelga el viernes, tras el anuncio del Ejecutivo provincial que propone abrir en marzo una mesa de diálogo para revisar la situación, y con “algo más” que la esperanza de una liberación anticipada.
La cuestión es: si todos apelan a la revisión de la condena, en función de la actualización de la Ley de Ejecución Penal y la conveniente moderación en la utilización de la prisión preventiva, ¿quién queda adentro?
“Decidimos levantar porque nos escucharon y en febrero nos van a recibir. Tenemos la esperanza de que nos larguen. El enemigo ya se fue y ahora solo queda esperar” dice Martín, que cumple una pena de veinticinco años en el penal de Devoto, y que ya cumplió diecisiete “enjaulado”. “Acá la situación es invivible, todos los días se muere alguno. Puede ser de tuberculosis, de neumonía, o cortado por una faca”, agrega.
Esteban, que esta “engayolado” hace ocho años en Batán, cuenta: “el tema es el pabellón colectivo, es el infierno en cuotas. Un día el rancho está en calma y somos todos hermanos, y al siguiente por ahí te matás, porque alguien te afanó lo de la cantina”, relata sobre las destrezas de sobrevivir “almacenados”.
Frente a los representantes de la mesa de negociación, los internos señalan: “para nosotros es justo que te compensen la ‘tortura’ del trato cruel, inhumano y degradante; con la flexibilización del egreso”. De cara a la sociedad piden que entiendan que: “ya pagaron su condena”.
Es innegable que la situación en los penales es gravísima. Hacinamiento, enfermedades epidémicas, desidia institucional, malnutrición, violencia convivencial e institucional, falta de acceso a la educación y una serie interminable de descalabros que prostituyen cualquier posibilidad de reinserción social, y que terminan en la enajenación o la muerte, en una reyerta, “por un jabón”.
Los detenidos sin condena, tienen razón en que la morosidad de los juicios es vergonzosa y que están suspendidos en un limbo miserable sin acceso a justicia. Pero la sociedad también la tiene, en alarmarse por la posibilidad de que “los larguen a todos”.
Con penales funcionando como meros depósitos humanos, improductivos y permeables, se crea la excusa perfecta para instituir el cambio de paradigma que les otorgue a los delincuentes la liberación indiscriminada.
La sociedad, también reclama. El problema es que pide todo lo contrario: inflexibilidad y sentencia.
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