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Más que reclamar la garantía de la licuadora

Por Carolina Suárez. La distorsión de precios, el abuso de posición dominante, el incumplimiento de ofertas son moneda común al igual que la ausencia del Estado.

El proceso normativo de los derechos de usuarios y consumidores fue gestándose de a poco y por etapas, respondiendo a cualquier lógica de construcción. Así, en 1993 el puntapié inicial lo dio la tan mentada ley 24.240 y casi un año más tarde la reforma de la C.N. recopiló en el art 42 los ejes centrales de la misma.

La línea de largada tuvo lugar en un terreno propicio, enmarcado en el “Deme Dos” de los noventa signados por la convertibilidad, consumismo similar al experimentado por EEUU de post guerra cuando en 1962 el presidente de aquel país, John F. Kennedy, dirigiéndose a su congresales señaló: “Consumidores somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía (…) Pero son el único grupo importante en la economía que no está organizado eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada (…)”, a lo que añadió: “el Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses“.

La frase de aquel 15 de marzo no sólo terminó estableciendo esa fecha como el Día Mundial de los Derechos de Consumidores y Usuarios sino que puso de manifiesto la importancia del sector que hasta ese momento parecía invisible. 

En nuestro país, y tras mucho batallar ante escenarios adversos, tuvieron lugar además la creación de leyes complementarias como la 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Lealtad Comercial y 25.065 de Tarjetas de Crédito, entre otras y en los últimos años la 26.993 de Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, 26.992 el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y la 26.991 de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, que busca limitar los abusos de las grandes empresas sobre los eslabones más débiles de la cadena de valor.

Parece incongruente entonces que con el cúmulo de normativas celebradas, la ciudadanía siga desprotegida. La distorsión de precios, el abuso de posición dominante, el incumplimiento de ofertas son moneda común al igual que la ausencia del Estado con sanciones disciplinarias para corregir que estas acciones persistan.

Cada vez que adquirimos un bien o contratamos un servicio, establecemos una relación de consumo y en un contexto de alta inflación como el que transitamos estas leyes deberían ocupar un lugar protagónico en la protección de los interés económicos, además claro está de cerciorar la seguridad, salud, una información adecuada y veraz, la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

En el marco de un nuevo aniversario de la ley 24.240, lejos de celebrar, un grupo de especialistas y asociaciones de consumidores han puesto el grito en el cielo al conocer el anteproyecto de ley que busca derogarla. Critican que se perderá parte de lo conquistado en todos estos años señalando que una ley que restringe derechos no puede de ninguna manera ser bienvenido. Indican que el texto que busca reemplazar a la ley vigente no sólo quita protección a usuarios y consumidores, excluye el rol determinante de las entidades, sino da un guiño a los peces gordos, denominando así a las empresas.

Se ha hecho mucho y mucho queda por hacer, en pos de mejorar la relación entre el consumidor/usuario y quienes proveen estos productos y servicios, es momento entonces de reflejar esta situación de manera tal que no se convierta en una decisión entre gallos y medianoche que sólo parece afectar la garantía de la licuadora.

 

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