La realidad y la política oficial sobre seguridad

El copamiento de una comisaría y dos asesinatos sucesivos en la provincia de Buenos Aires, consolidan la preocupación de la ciudadanía por la inseguridad. En los últimos años este problema ha figurado, según numerosas encuestas de opinión de diversas consultoras, entre los principales motivos de preocupación de la ciudadanía. A pesar de esto, y como sucede con cada realidad incómoda, el Gobierno negó sistematicamente la existencia del problema y, reiteradamente, como acaba de suceder, atribuyó la preocupación ciudadana a los medios de difusión o a la Justicia.

Sin embargo, la sucesión de delitos, sumados a la irrupción de las ocupaciones de espacios públicos y una cuestionable actuación de la Policía Federal dio lugar a un cambio de rumbo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el relevamiento de la cúpula de la fuerza y creó un ministerio específico para ocuparse del tema. Sin embargo, la jefatura saliente había sido nombrada por Néstor Kirchner y había gozado de la confianza del jefe de Gabinete Aníbal Fernández y en los siete años de su gobierno el kirchnerismo no llevó adelante ninguna reforma ni realizó cuestionamientos a la Policía de la cual es responsable.

A renglón seguido, la Presidenta decidió el envío de miles de gendarmes al conurbano, para reforzar la acción de la Policía Bonaerense, en un implícito reconocimiento de la insuficiencia en la acción de esa policía. Esa Fuerza fue, sin embargo, reiteradamente elogiada por el gobernador kirchnerista Daniel Scioli. Por otra parte, la efectividad de la Gendarmería en el combate del delito, es algo que no ha sido fehacientemente probado y traslados como los dispuestos desprotegen áreas de cobertura que el Cuerpo tiene asignadas, como es el caso de las fronteras.

Suplementariamente, en el acto en el que anunció ese traslado, la Presidenta sostuvo que las fuerzas de seguridad se ven desanimadas cuando los jueces liberan a los detenidos, apelando al conocido argumento de las "puertas giratorias" de los juzgados que suele figurar en las opiniones más conservadoras en materia de seguridad. El posicionamiento presidencial se suma a la serie de cuestionamientos a la Justicia, que incluyen críticas a la Corte Suprema, así como desobediencia abierta de órdenes judiciales.

Esta orientación oficial tiene varias facetas, todas ellas dignas de preocupación: la primera es que el Gobierno no reconoce plenamente la responsabilidad propia sobre el problema de la seguridad y de la crisis social; el segundo es que implica una visión parcial y por lo tanto ineficiente en materia de seguridad y orden público y, finalmente, que la política oficial de desmedro de la Justicia contribuye al clima de deterioro del imperio de la ley que se traduce en conductas individuales y sociales dañinas para las personas, los bienes públicos y privados y para la vida social en su conjunto.

Pero los riesgos de la política oficial surgen, más que de las contradicciones dialécticas o el daño institucional que produce, en el avance de las ocupaciones de terrenos públicos y privados en lo que constituye un creciente deterioro del imperio de la ley y de la presencia del Estado en el orden social.

En lugar de apelar a la negación de la realidad y atribuir la responsabilidad por la inseguridad o los desórdenes a la Justicia o a conspiraciones inverosímiles sobre las que no se aporta ninguna prueba, es necesario implementar una política integral de seguridad y de preservación del orden público.

La política oficial en materia de seguridad y orden público muestra contradicciones y falta de claridad que pueden tener serios costos para la sociedad. Los ataques del Gobierno a la Justicia intentan eludir la responsabilidad propia y causan daño institucional porque contribuye al deterioro del imperio de la ley. El riesgo de esta política se verifica principalmente en el avance de las ocupaciones de terrenos públicos y privados.