La presidenta de Venezuela anunció una amnistía general para presos políticos en Venezuela y el cierre del Helicoide
El proyecto de ley fue enviado a la Asamblea Nacional y podría aprobarse en febrero. Organismos de derechos humanos advierten sobre el alcance real de la medida y temen que se trate de un gesto político ante la presión internacional.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general para presos políticos y ordenó a la Asamblea Nacional —de mayoría chavista— que procese y apruebe la iniciativa con el objetivo de “favorecer la convivencia” en el país.
El anuncio se realizó durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. Según Rodríguez, la norma podría ser aprobada en la primera semana de febrero y excluiría a personas condenadas por homicidio, narcotráfico y otros delitos comunes.
“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, afirmó la funcionaria, quien pidió que “nadie imponga la violencia o la venganza” y llamó a vivir “con respeto”.
Rodríguez sostuvo que la decisión fue discutida previamente con Nicolás Maduro, antes de su captura por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero.
El cierre del Helicoide
Durante el mismo acto, la dirigente chavista sorprendió al anunciar que El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos de la represión estatal en Venezuela, dejará de funcionar como cárcel y será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos.
El Helicoide, ubicado en Caracas y sede del servicio de inteligencia, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como un lugar de detención arbitraria, torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Rodríguez también afirmó que su gobierno avanzará en un proceso para combatir la corrupción dentro del sistema de justicia, aunque no brindó detalles sobre los plazos ni el alcance de esas medidas.
Presión internacional y dudas sobre el alcance
El anuncio se produce en un contexto de fuerte presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump condicionó avances en la relación bilateral y en el comercio petrolero a la liberación de presos políticos y aseguró tener un “control total” sobre las operaciones de crudo venezolano.
En una comparecencia ante el Senado estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la liberación de detenidos forma parte del proceso de “transición” en Venezuela y reconoció avances, aunque más lentos de lo esperado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos mantienen fuertes reparos. Desde enero se registran excarcelaciones, pero con cifras contradictorias: mientras el ministro del Interior, Diosdado Cabello, habló de 808 liberaciones, el fiscal general Tarek William Saab informó 643 medidas cautelares. ONG contabilizan apenas 302.
Además, muchos excarcelados continúan bajo restricciones severas, como prohibición de declarar a la prensa, uso limitado de redes sociales y presentaciones periódicas ante tribunales.
Argentinos detenidos y reclamos ante la ONU
La iniciativa vuelve a poner en foco la situación de los argentinos detenidos en Venezuela, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. Sus familiares solicitaron esta semana la mediación del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante la falta de respuestas concretas del gobierno venezolano.
Desde 2014, según la ONG Foro Penal, se registraron 18.824 detenciones por motivos políticos en Venezuela. Aunque más de 14.000 personas fueron excarceladas, más de 11.000 continúan sometidas a medidas restrictivas.
No existen antecedentes recientes de una amnistía general de estas características en el país. En 2020, Maduro otorgó un indulto a 110 personas, una medida que fue cuestionada por incluir casos no vinculados a persecución política.
Mientras el oficialismo presenta la iniciativa como un gesto de reconciliación, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos esperan definiciones concretas para determinar si se trata de un cambio real o de una medida simbólica destinada a aliviar la presión externa.
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