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La nueva vida de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Hasta ahora, su conducta en prisión es buena y no se los acusa de protagonizar ningún incidente.

Los ochos rugbiers que permanecen detenidos en la Alcaidía de Melchor Romero, acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, pasan sus días alejados del resto de la población carcelaria, aunque ya no son insultados y pasan desapercibidos, tienen un bajo perfil y reciben asistencia psicológica de profesionales penitenciarios.

Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), los ocho acusados de matar a patadas en el cráneo a Fernando Báez Sosa, alojados en el pabellón 6 de la N° 3, salían tres horas por día al patio, donde de vez en cuando escuchaban los insultos de los detenidos, los mismos que escuchaban en su primer lugar de encierro, el penal de Dolores. Estaban aislados del resto de la población. Con el tiempo, los insultos desaparecieron. “Son uno más”, decía un jefe penitenciario a Infobae dos meses atrás.

Hoy, los ocho protagonistas de uno de los crímenes más resonantes de la historia reciente continúan su vida desde la cárcel. 

“Mantienen un perfil muy bajo. No han hecho peticiones a los agentes penitenciarios. No se advierte liderazgo de ninguno de ellos sobre los otros, y se comportan con respeto hacia el personal”, asegura una fuente penitenciaria.

Continúan aislados, según confiaron fuentes penitenciarias a Télam. De lunes a viernes, al igual que el resto de la población carcelaria, todavía tienen permitido permanecer tres horas al aire libre en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.

La pandemia introdujo fuertes cambios en la vida de los presos: canceló las visitas hasta nuevo aviso, pero un fallo judicial permitió el uso de celulares con WhatsApp para comunicarse con familiares y amigos y así aliviar el encierro. Los rugbiers cuentan con un solo teléfono celular que comparten los ocho y con el cual se comunican con sus familiares mediante llamadas o mensajes de texto, ya que no tienen habilitada ninguna red social.

Mientras tanto, la fiscal a cargo de la causa, Verónica Zamboni, entra en la recta final del plazo legal de diez meses para cerrar la causa y elevarla a juicio, con una imputación que puede llevar a los ocho a una pena de prisión perpetua. La producción de pruebas todavía no terminaba dos meses atrás: Zamboni planea pedir nuevas declaraciones testimoniales en las próximas semanas.

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