La Justicia procesó en las últimas horas a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, por el delito de administración fraudulenta, en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de una coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las divisiones inferiores del club.
La decisión fue tomada por la jueza Laura Bruniard, a pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, en medio de una profunda crisis institucional que atraviesa la entidad de Boedo, donde se decretó la acefalía tras la renuncia de 14 integrantes de la Comisión Directiva.
Si bien Bruniard resolvió mantener a Moretti en libertad, dispuso un embargo por 38 millones de pesos y le prohibió salir del país mientras avanza la investigación judicial.
En su requerimiento de procesamiento, la fiscal Cuñarro sostuvo que Moretti “tenía el deber legal y estatutario de resguardar los intereses patrimoniales de la institución”, obligación que —según la magistrada— fue vulnerada. En el fallo, Bruniard afirmó que el dirigente “hizo todo lo contrario” y que se valió de su cargo para priorizar un interés personal e ilegal.
De acuerdo con la resolución judicial, Moretti “se aprovechó de su condición y priorizó un interés personal, dolosamente pergeñado para hacerse del dinero”. En ese sentido, la jueza consideró que “recibió el dinero y lo tomó para sí, lo que configura un desapoderamiento ilegítimo y una apropiación indebida de recursos producida en el marco del ejercicio de su función”.
La causa estuvo atravesada por fuertes tensiones procesales y disputas de competencia. El 25 de noviembre pasado, durante una audiencia realizada por videoconferencia, Moretti se negó a declarar en el quinto intento de la Justicia por indagarlo, lo que profundizó el conflicto judicial en torno al expediente.
Uno de los ejes del caso fue la controversia sobre qué fuero debía investigar la presunta coima. Inicialmente, el fiscal porteño Maximiliano Vence inició actuaciones de oficio tras la difusión de una cámara oculta emitida por el programa Telenueve Denuncia. En paralelo, Cuñarro tomó intervención a partir de una denuncia presentada por el abogado César Francis, dirigente opositor en San Lorenzo.
En el marco de esta última investigación, se incorporaron elementos que complicaron la situación del presidente del club, entre ellos información aportada por la Asociación del Fútbol Argentino, que confirmó que el jugador juvenil involucrado fue efectivamente fichado. La empresaria vinculada al caso declaró en la causa e intentó desligar a Moretti, al asegurar que se trató de una broma.
Tras conocerse el procesamiento, el abogado defensor de Moretti, Gastón Marano, cuestionó duramente la resolución judicial y sostuvo que la medida “no responde a ningún criterio jurídico posible”, al remarcar que aún existe un planteo pendiente sobre la competencia del expediente ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.
“La secuencia de los hechos de las últimas 48 horas tiene mucho más que ver con lo político que con lo jurídico”, afirmó el penalista, quien anticipó que apelará el procesamiento y avanzará con denuncias por presuntas responsabilidades administrativas y penales de quienes, según dijo, “maquinaron esta situación”.
Mientras tanto, el procesamiento de Moretti suma un nuevo capítulo a la crisis que atraviesa San Lorenzo, con su conducción institucional en jaque y la investigación judicial en pleno desarrollo.
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