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El Ejecutivo presentó la oferta a los bonistas con una quita de 62% y tres años sin pagos

El Gobierno se reunió con los bonistas y presentó su oferta para la reestructuración de la deuda.

El Gobierno presentó los detalles de la propuesta que se elaboró para reestructurar los pagos de la deuda en mano de los acreedores privados, que incluye tres años de gracia para pagar y una quita del 62 por ciento en los intereses. 

"La propuesta lleva una mayor reducción de intereses que de capital. Se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares. Eso es una quita de 5,4 por ciento sobre el stock de deuda externa. Y se da una reducción en el pago pago de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62 por ciento", detalló el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El titular de la cartera económica indicó que el período de gracia propuesto es de tres años. "La Argentina no pagaría nada durante el 2020, 2021 y 2022, y recién empezaría a pagar en 2023 una tasas de interés de 0,5 por ciento y esas tasas irían creciendo pero hasta niveles sostenibles".

Guzmán aclaró que la oferta "va a tener una fecha de cierre, van a  ser a los 20 días de su lanzamiento formal". Al respecto, advirtió: "Es un período suficiente para que nuestros acreedores puedan tener decisiones y es un período en el cual habrá gente jugando muy fuerte porque aquí hay muchos intereses en juego".

El titular de la cartera económica indicó que el período de gracia propuesto es de tres años. "La Argentina no pagaría nada durante el 2020, 2021 y 2022, y recién empezaría a pagar en 2023 una tasas de interés de 0,5 por ciento y esas tasas irían creciendo pero hasta niveles sostenibles".

Guzmán aclaró que la oferta "va a tener una fecha de cierre, van a  ser a los 20 días de su lanzamiento formal". Al respecto, advirtió: "Es un período suficiente para que nuestros acreedores puedan tener decisiones y es un período en el cual habrá gente jugando muy fuerte porque aquí hay muchos intereses en juego".

El primer mandatario Alberto Fernández decidió mostrarse con gobernadores y con otros actores de la vida política nacional para hacer público el plan que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para aplicar una quita en los bonos emitidos bajo legislación extranjera y postergar sus vencimientos. 

"Lo que vamos a firmar es algo que podamos cumplir como gobierno y como país", reiteró días atrás el Jefe de Estado, luego de reconocer que las negociaciones para resolver la crisis de la deuda se vieron afectadas por la debacle mundial que provocó la pandemia del coronavirus.

La Argentina completó en la víspera la presentación ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para emitir bonos por hasta 50.500 millones de dólares. Se trató de un paso de formal y necesario para avanzar hacia una instancia de definiciones de la en la negociación que, según aseguró el presidente Fernández, se inició incluso antes de su llegada a la Casa Rosada.

La estrategia presentada este jueves es la que se utilizará con los bonistas privados que poseen títulos emitidos en 2005 y los concretados a partir de 2016, que serán los susceptibles de canje.

Tal como lo calcularon en el Gobierno, ese universo de acreedores posee deuda por un total de 68.800 millones de dólares.

Uno de los puntos que determinarán el margen de maniobra con el que el Gobierno encarará este tramo final de la negociación tiene que ver con las diferencias entre los contratos respecto a la cláusula de aceptación colectiva.

Es que, mientras los bonos emitidos en el 2005 necesitan de una aceptación del 85% de los tenedores para poder activar y completar un canje de todas las series afectadas, en los títulos emitidos desde el 2016 el umbral es del 66,6%. Esos porcentajes son los que marcan el nivel de éxito que tendrá que alcanzar el equipo encabezado por Guzmán para evitar otro default.

La negociación de la deuda fue la prioridad con la que Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre pasado porque, a partir de la crisis cambiaria que se desató en 2018, la Argentina quedó al borde de la cesación de pagos.

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