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Contundente alegato del fiscal en la causa Vialidad: “Hubo una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner"

Diego Luciani expone sobre las pruebas contra los investigados en el proceso por presunta corrupción en la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz. La vicepresidenta sigue la audiencia por Zoom.

El fiscal del juicio de la causa Vialidad Diego Luciani le hizo duras acusaciones a la vicepresidenta Cristina Kirchner en los alegatos del proceso por supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz: “Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner”, y advirtió que hubo “una defraudación millonaria”. La titular del Senado sigue la audiencia por Zoom.

Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz en favor de Báez a cambio de retornos a través de los hoteles de la vice.

Tras la feria judicial se realiza la etapa final del proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2 en que el fiscal de juicio pidió nueve audiencias para presentar las pruebas. Luciani acusó a Néstor y Cristina Kirchner de haber montado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción”.

El fiscal dijo que hubo “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país, por las características especiales de la asociación”.

El fiscal se refirió a Báez en el juicio por corrupción en la obra pública como “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa” y los responsabilizó de haber provocado un “perjuicio económico y social inconmensurable”.

Luciani habló de “una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”.

El fiscal citó la declaración del presidente Alberto Fernández en este juicio: dijo que el mandatario ”corroboró la estrecha vinculación, al manifestar que a Báez se lo presentó Néstor Kirchner en circunstancias en que acompañó al exmandatario”, y se escuchó el audio de la declaración del exjefe de Gabinete.

Para Luciani, Néstor y Cristina Kirchner “instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”.

El fiscal dijo que “las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios” y calificó como “una ficción” la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: “Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”.

Luciani advirtió que “una parte importante de las obras adjudicadas a Báez no fueron autorizadas por el Congreso al momento de sancionar el Presupuesto” y consideró que “la corrupción parasitó todos los controles”.

El fiscal alertó que “había un método eficaz para asfixiar a las empresas” y que “Lázaro Báez se aprovechó y se apoderó en las sombras de diversas firmas”.

Para Luciani en los gobiernos K no hubo “mala gestión de la obra pública o contratos mal adjudicados”: “Era una situación endémica, la regla era el abuso de poder, la ilegalidad y la arbitrariedad, fueron 51 las obras adjudicadas a Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner”.

 

Las posiciones de la UIF y la OA en el juicio por corrupción en la obra pública

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución para Cristina Kirchner en el juicio y la Oficina Anticorrupción (OA) decidió no acusar a la vicepresidenta.

A principios de julio la UIF durante la etapa de alegatos cuestionó las pericias que se realizaron en el caso, al asegurar que no se acreditaron delitos y sostener que no hubo sobreprecios en la adjudicación de las obras en favor de Báez.

 

Qué se investiga en la causa Vialidad, en la que es juzgada Cristina Kirchner

La investigación de la causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel.

La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.

En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.

El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.

Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal”.

De acuerdo a las acusaciones hubo “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.

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