Caso YPF: los demandantes pedirán sanciones contra el gobierno argentino por demoras en la entrega de chats de funcionarios

El litigio por la expropiación de YPF suma un nuevo frente en los tribunales de Nueva York. Este jueves, los beneficiarios del fallo de primera instancia —que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones más intereses— presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que el país sea declarado en desacato y se le impongan sanciones.

La ofensiva judicial se apoya en supuestos incumplimientos en la entrega de correos electrónicos y comunicaciones por servicios de mensajería de funcionarios y exfuncionarios, exigidos en el marco del proceso de discovery. Desde el Gobierno rechazan esa acusación y sostienen que la orden judicial es ilegítima, además de remarcar que ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito.

Los demandantes —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital— argumentan que la Argentina no cumplió en tiempo y forma con una orden de Preska que obliga a producir comunicaciones digitales de integrantes de la actual gestión y de administraciones anteriores. Según su postura, las demoras y la entrega parcial del material justificarían la aplicación de sanciones.

La defensa argentina, en tanto, presentará su respuesta formal el 19 de febrero. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los funcionarios alcanzados por el requerimiento ya cumplió con la orden judicial, aunque al 12 de enero aún restaban seis personas que no habían entregado ese material, según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue de cerca las causas contra el país en el exterior.

Ese punto es central en la disputa. Para los demandantes, la falta de entrega completa constituye un incumplimiento. Para el Gobierno, en cambio, se trata de comunicaciones de carácter personal, amparadas por la Constitución Nacional y por principios de privacidad reconocidos también en el derecho estadounidense.

Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de plano la posibilidad de un desacato. “La República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes oficiales, y subrayaron que ninguna sanción puede aplicarse hasta que se respete plenamente el derecho de defensa y la jueza analice el fondo del planteo. En ese marco, recordaron que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada.

Esa apelación es considerada clave en la estrategia oficial. En octubre, la Argentina recurrió la decisión de Preska que exige la entrega de comunicaciones privadas de funcionarios. El Gobierno sostiene que esa exigencia es ilegal tanto bajo la legislación argentina como bajo la estadounidense. En los últimos días, la defensa presentó nuevos argumentos ante la Cámara con el objetivo de que se revoque esa orden, lo que también buscaría debilitar el pedido de sanciones.

Del otro lado, los demandantes insisten en que el país incurre en maniobras dilatorias. En escritos anteriores advirtieron que, de no recibir la información solicitada, avanzarían con pedidos de multas y con la aplicación de presunciones adversas. También solicitaron que la jueza fije un cronograma específico para tratar el desacato, con plazos para la respuesta argentina, una eventual réplica y la realización de una audiencia probatoria.

El trasfondo del conflicto va más allá del intercambio de escritos. Los beneficiarios del fallo buscan demostrar que distintos organismos públicos —como el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas— actúan como “alter ego” del Estado. Si lograran probarlo, podrían intentar embargar activos de esas entidades para ejecutar la sentencia. Para ese objetivo, consideran clave acceder a comunicaciones internas que, según su interpretación, revelarían cómo se toman y ejecutan las decisiones estatales.

El Gobierno rechaza esa línea argumental y denuncia un accionar hostil. Fuentes oficiales calificaron el proceso de discovery como “inadmisible” para un Estado soberano y destacaron que su cumplimiento demandó casi dos años de trabajo, con la producción de más de 110.000 documentos y comunicaciones oficiales. También remarcaron que todo el proceso se llevó adelante dentro de los límites legales y constitucionales, especialmente en lo referido a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia.

El calendario judicial ya está definido. Tras la presentación de los demandantes, la Argentina responderá el 19 de febrero y la contrarréplica quedará para el 5 de marzo. Luego, en audiencias previstas para fines de ese mes, Preska deberá decidir si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones.

Mientras tanto, la apelación principal contra la sentencia por la expropiación de YPF continúa su trámite en la Cámara, sin una fecha definida para el fallo, y sigue siendo la principal apuesta del Gobierno para frenar cualquier intento de ejecución de la condena.