Arranca la pulseada final entre el Gobierno y la CGT por la reforma laboral

El Gobierno y la CGT se preparan para una negociación clave en medio del rechazo sindical al borrador de reforma laboral elaborado por el Consejo de Mayo. La intención oficial es alcanzar el mayor nivel de consenso posible antes del 15 de diciembre, fecha en la que se presentará el texto final para su debate durante las sesiones extraordinarias.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, el ministro del Interior, Diego Santilli, el titular de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, serán los encargados de pilotear las conversaciones con los gremios.

La negociación contrarreloj se acelera mientras el Ejecutivo ajusta detalles del proyecto. Hace diez días, durante la conferencia industrial de la UIA, Santilli se cruzó con los cotitulares de la CGT Cristian Jerónimo y Jorge Sola, a quienes les aseguró que el Gobierno abriría el diálogo formal y que no debían dejarse llevar por trascendidos. La central obrera, sin embargo, mantiene una advertencia firme: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”, sentenció Sola tras una reunión con diputados de extracción gremial.

En paralelo, la CGT trabaja con sus equipos técnicos y legisladores aliados en una contrapropuesta para confrontar los puntos más conflictivos del borrador oficial. Entre ellos figuran la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios, la priorización de acuerdos por empresa, la restricción de las cuotas solidarias y los cambios en la dinámica de las asambleas.

Desde el Gobierno admiten que estos artículos —los vinculados al derecho colectivo— son los que generan mayor resistencia, a diferencia de modificaciones de tipo individual como el banco de horas o el fraccionamiento de vacaciones. También reconocen que algunos aspectos podrían atenuarse “por la paz social”, incluso con la venia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los impulsores del DNU 70.

La mayor preocupación de la CGT pasa por la limitación de las cuotas solidarias, un rubro que financia el 100% de los sindicatos y que consideran vital para su supervivencia. La administración Milei baraja la posibilidad de fijar topes del 2% del salario y exigir contraprestaciones concretas para justificar los descuentos.

El involucramiento directo de Martín y “Lule” Menem —referentes del círculo de máxima confianza de Karina Milei— refuerza la señal política que busca dar la Casa Rosada. El oficialismo quiere llegar a la mesa de diálogo con el respaldo de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, una herramienta que planea usar para presionar al sindicalismo. Sin embargo, al menos tres mandatarios provinciales ya anticiparon a la CGT que no apoyarán cualquier cambio en la legislación laboral.

Además, la reforma no es el único frente abierto con los gremios: el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, rechazó la Ley de Libertad Educativa por considerar que “serrucha el sistema” y adelantó que llevará sus objeciones al Consejo de Mayo.

Ante las tensiones y las filtraciones de borradores preliminares —como la versión que proponía un tope de 10 sueldos para las indemnizaciones, hoy descartada— el Consejo de Mayo redujo su integración de 15 a solo 3 miembros para mantener mayor hermetismo.

En este clima, se avecinan días cruciales. La CGT buscará frenar los artículos más duros del proyecto mientras el Gobierno insiste en no ceder más allá de ciertos ajustes. El desenlace dependerá del equilibrio entre diálogo y presión política, en una pulseada que definirá el rumbo laboral del próximo año.