Argentina, ante una decisión clave en EE.UU. para evitar entregar acciones de YPF
El país presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y advirtió que irá de urgencia a la Corte Suprema si el fallo le resulta adverso.
La Argentina presentó un descargo determinante ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar la entrega de acciones de YPF, una medida que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska como parte de pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012, cuyo monto asciende a US$16.000 millones.
La situación judicial tiene solo dos caminos posibles: que la Cámara acepte el pedido argentino y suspenda la transferencia (con o sin garantía), o que lo rechace, en cuyo caso el Gobierno ya adelantó que recurrirá de forma urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, explicó que podrían darse tres escenarios tras la decisión de la Corte de Apelaciones:
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Permitir la apelación sin entregar las acciones, pero con obligación de presentar una garantía distinta.
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Suspender el fallo de Preska y permitir apelar sin condiciones.
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Rechazar el pedido argentino, exponiendo al país a riesgos legales y financieros en los mercados internacionales.
El caso se originó tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado tomó el control sin ofrecer la misma oportunidad de compra al resto de los accionistas, incumpliendo el estatuto de la compañía. Esto motivó la demanda de los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos del grupo Petersen (familia Eskenazi), dueño del 25% de la firma al momento de la nacionalización.
Desde entonces, la Argentina apeló el fallo de 2023 que la condenó al pago millonario, pero la falta de acuerdo o pago impulsó a los demandantes a buscar bienes del Estado para embargar, entre ellos las acciones de YPF.
La defensa argentina y la reacción de Burford
En su reciente escrito, el Gobierno argentino advirtió que ejecutar la entrega de acciones durante la apelación causaría un “daño irreparable”, ya que sería virtualmente imposible revertir la operación. En paralelo, el fondo Burford, principal beneficiario de la sentencia, afirmó no estar interesado en las acciones pero insistió en que se le exija a la Argentina una garantía para continuar con la apelación.
El caso también generó una inusual intervención del gobierno de Estados Unidos, que, durante la presidencia de Donald Trump, se presentó como amicus curiae en apoyo a la postura argentina, algo que Burford rechazó abiertamente.
La Corte de Apelaciones aún debe definir qué sala tomará el caso y no tiene plazos establecidos, pero se espera que el fallo no demore demasiado. Lo que está claro es que la Argentina se juega mucho más que unas acciones: se trata de una pulseada que podría marcar un antecedente global en materia de expropiaciones y deuda judicial
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