La Justicia lo investiga como operador clave de un supuesto esquema de sobreprecios. El empresario fue el primer citado a indagatoria, pero se negó a declarar.
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discapacidad
La ahora exfuncionaria se desempeñaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, en Tierra del Fuego. Está mencionada en chats dentro del dictamen del fiscal Franco Picardi.
La Justicia busca esclarecer si hubo un esquema de sobornos dentro del organismo. El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete. El miércoles lo hará el extitular, Diego Spagnuolo.
La suba se aplicará en tres tramos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad de los servicios en todo el país. La última actualización había sido en diciembre de 2024, con un incremento de solo 0,5%.
El Ejecutivo oficializó la Ley N° 27.793, que crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad y actualiza los aranceles del sistema de atención, aunque postergó su entrada en vigencia hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.
El Gobierno deberá reestablecer la prestación en 24 horas. Se denunció una acción deliberada del organismo de recortar gastos. La medida podría replicarse en otras provincias.
La decisión la confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el rechazo del Congreso al veto de Milei. Qué impacto fiscal tiene y por qué el Ejecutivo va a demorar la reglamentación.
Aunque la ley fija un 4% de cupo laboral para personas con discapacidad, en la administración pública apenas llega al 1,37%. El gremio ATE denuncia además más de 400 despidos de trabajadores con CUD.
La agencia ya dio de baja más de 128.600 pensiones durante la gestión de Diego Spagnuolo, ex funcionario investigado por presuntas coimas.
Con 63 votos positivos, 7 negativos y sin abstenciones, la Cámara Alta también se opuso a la decisión del Presidente, al igual que lo hizo Diputados. Se espera que el Gobierno ahora avance con una medida judicial. La sesión continúa con el debate por la reglamentación de los DNU, que también preocupa al Ejecutivo.