Y un día la Justicia se puso a trabajar
Después de conocerse varias denuncias, que apuntaban a la existencia de una supuesta organización delictiva integrada por internos y agentes penitenciarios bonaerense, se ordeno un allanamiento a la Unidad Penitenciaria N°: 31 de Florencio Varela.
El grupo de malvivientes es conocido entre los presos como “La Comitiva”, y habría llevado adelante actividades como venta de drogas, extorsiones, reducción a la servidumbre y otros delitos dentro del penal.
De acuerdo con las denuncias presentadas por familiares y detenidos del Pabellón N°1, la banda operaba un sistema de control sobre bienes y servicios, incluyendo la provisión del servicio de internet. En esas presentaciones se indicaban que los líderes de “La Comitiva” administraban antenas de la empresa Starlink y exigían cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos a los internos por el acceso a la red.
La denuncia señala que los problemas comenzaron, cuando otro grupo de presos intento instalar su propio equipo para ofrecer el servicio a un costo más bajo. Esa actividad desato un conflicto que desembocó en agresiones físicas y desplazamientos forzados de pabellones. También se conocieron otras prácticas que ocurrían en el penal, como un monopolio de venta de bebidas y alimentos, a los que no se sometían le imponían trabajos forzados y la falsificación de traslados. Señalaron que todas estas maniobras se realizaban con la presunta complicidad de personal penitenciario y que el grupo accedía a las oficinas y a la base de datos oficiales.
El operativo se realizó la tarde del miércoles pasado y estuvieron a cargo de la DDI de Quilmes. Los efectivos allanaron cinco celdas del Módulo A Pabellón D, otras cuatro del Módulo A Pabellón 1 y también la oficina del subdirector del establecimiento. Del operativo resulto, que fueron imputados 11 internos y se secuestraron 13 teléfonos celulares, dos de los cuales se encontraron en la oficina del subdirector.
No es la primera vez que la Unidad de Florencio Varela, es el centro de investigaciones judiciales por maniobras vinculadas al tráfico de drogas. Hace poco más de un año, el penal fue allanado en el marco de otra causa de la UFI N°9 que apuntaba a una estructura interna liderada por dos presos. En esa investigación, se determinó que ambos reclusos habían organizado una red de venta de estupefacientes desde el interior del penal, con ramificaciones externas y apoyo logístico en el barrio Villa Azul. La investigación estableció que las visitas femeninas eran utilizadas como “mulas” para ingresar droga a los pabellones, donde luego se distribuía en al menos 13 sectores distintos de la cárcel.
En esta ocasión una virtual guerra entre grupos que intentaban monopolizar el servicio de conexión a internet, destapo lo que la mayoría de funcionarios judiciales conoce por comentarios o chismes, pero es muy raro que los jueces vayan a practicar unidades carcelarias, para ver el trato que reciben y las condiciones de detención de los internos y ver que ningún travieso arme un negocio al margen de la ley.
El primero que debiera ponerse a trabajar en esto es el Procurador General de la provincia de Buenos Aires el Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, pero es muy raro ver al hombre en tareas que le demanden dedicación exclusiva en su cargo, es más común verlo en eventos sociales donde se conversa de cosas más interesantes y donde en general se cocinan las decisiones políticas importantes…
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