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Y todo se vino abajo

El jueves al mediodía, diluvio mediante, sucedió un nuevo derrumbe que se cobró la vida de dos hermanos; Nélida y Ramón Acuña, de 81 y 77 años.

Vivían juntos en un departamento tipo PH, junto a una obra, ubicada en Pedro Goyena 551, Caballito, allí se proyectaba la construcción de un edificio de diez pisos con dos subsuelos de cocheras, y justamente, por la excavación, cedió la medianera, que terminó provocando la tragedia, que le costó la vida a las dos personas. 
 
Los vecinos, venían advirtiendo de la situación a las autoridades, pero fueron ignorados. Recurrieron a los canales habituales, denuncias al 103 de Emergencias, también fueron a la justicia. Unas horas antes del derrumbe, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº: 3, a cargo del Dr. Sebastián Font, que designado juez por Mauricio Macri, y como era de esperar rechazó el pedido de la vecina. 

Producido el derrumbe, la fiscalía que investiga las causas de la tragedia, la Fiscalía Penal Contravencional de Faltas 22, a cargo de Mariela de Minicis, pidió informes a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, se investiga si existieron irregularidades en la habilitación y permisos de obra.
Recientemente, una vecina, se había presentado ante la justicia pidiendo que se detenga la obra, tan contundente fue la presentación que llevo fotografías y un relato pormenorizado del calvario que era vivir junto a esta obra.

Se documentaron las rajaduras en las paredes, en los pisos y en el techo de su vivienda que ya había provocado la demolición de la construcción previa, a fines de 2022. Un párrafo de la denuncia deja en claro, lo que pasaba en el edificio derrumbado, "Quiero resaltar que, más allá de los daños sufridos en mi propiedad, los mismos, se han agravado desde septiembre de 2023, cuando arrancó la excavación. Sin contemplación, me han destruido, literalmente, mi propiedad, que es fruto de mi esfuerzo. Tengo pánico de que todo se venga abajo, dada la improvisación manifiesta y el grado de desinterés de los titulares de la obra". La vecina, rogó a la Justicia que actúe urgente, y que paralizara los trabajos: "Ya habrá tiempo de reclamar los cuantiosos daños sobre mi propiedad, pero hoy me motiva el valor de la vida". Agregó: "Temo por mi vida, la de mis vecinos y la de los transeúntes". Y todo eso pasó.

Voceros del Gobierno porteño aseguraran que recibieron tres denuncias, ninguna de ellas implicaba la clausura de la obra o que se detuvieran los trabajos en la parcela.
Cuando ocurren las tragedias, surgen las dudas respecto al alcance y las posibilidades concretas de control que tiene la Ciudad, territorio en donde se construye de manera constante, persistente y creciente. Esto es inadmisible, que pese a los alertas, las empresas continúen adelante. No se puede ignorar una vivienda con rajaduras en diagonal (significa que la pared está apoyando diferente de una punta a la otra), el hundimiento del piso, que las puertas y las ventanas cierren mal, vibraciones intensas. Estas alertas tienen que ser evaluadas y reparadas para evitar estos dramas. Bueno nada de esto, PREVENTIVO, sucedió. 

Una vez más, queda en evidencia que la Justicia está lejos de la gente y muy cerca del Poder de Turno, que bajo la excusa de fomentar y facilitar la construcción en la poderosa ciudad de Buenos Aires, solo hacen prosperar los negocios ilegales, que de seguro tendrán como culpable a un funcionario de menor jerarquía.

Una reflexión: SERíA BUENO INVESTIGAR HACIA ARRIBA, DONDE REALMENTE SE COCINAN LOS GRANDES NEGOCIOS…
 
 


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