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Un cambio de paradigma para las víctimas

Por Germán Garavano. Las víctimas eran excluidas de la investigación del hecho y de la tramitación del proceso. Ahora todas las víctimas pueden participar activamente del proceso, aportar pruebas y ser escuchadas durante todo el trámite.

Hace más de dos años, el Congreso sancionó la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos que se propone promover y garantizar el acceso a la justicia de quien ha sido víctima de un delito o sufrido violaciones de sus derechos humanos.

Y hace poco más de un año, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reglamentamos la ley creando la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) para facilitar y establecer los alcances de la asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y garantizar así un efectivo acceso a la justicia. En su primer año de trabajo, asistió a más de 27.000 víctimas canalizando de manera más efectiva las demandas y allanando el camino burocrático a recorrer.

Habitualmente las víctimas eran excluidas de la investigación del hecho y de la tramitación del proceso, eran meras espectadoras. Ahora todas las víctimas, sin discriminación,  pueden participar activamente del proceso, aportar pruebas y ser escuchadas durante todo el trámite.

Han sufrido cosas terribles y su empuje ante el Congreso para que apruebe esta ley nos obligó a dar lo mejor de nosotros para reparar, resolver y hacer justicia, porque nuestro sistema no estaba pensado para acompañarlas. Han tenido paciencia ante un Estado que era insensible a sus reclamos.

Las asociaciones civiles no solo jugaron un papel en el acompañamiento de las víctimas, sino también en la construcción de las políticas destinadas a cuidarlas.

De esta forma desde el Ministerio amalgamamos la ley con todos los programas de asistencia como el de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el de Las Víctimas Contra Las Violencias, el de Lucha contra la Impunidad y el Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar, y  con más de 90 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) para que las víctimas y sus familiares tengan un ámbito de contención e intervención en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde 2018, el CENAVID acompaño a 187 familiares y víctimas en juicios y audiencias judiciales; realizó 130 entrevistas de casos en territorio; y asistió a 254 actividades de visibilización, aniversarios, etc.

La ley 27.372 estableció la figura del Defensor Público de Víctimas y creó el Observatorio de Víctimas de Delito, que tiene por función supervisar la aplicación de la Ley, promover los derechos de las víctimas, y participan activamente en el diseño de estas políticas públicas.

El Observatorio está conformado por María Lujan Rey, Matías Bagnato, Alberto Lebbos, Nilda Gómez, Vivian Perrone, Jimena Aduriz, Adrián Gianangel y es coordinado por Luciana Carrasco, asesora del Ministerio de Justicia.

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