Tras la tensión en el Senado, el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada y prioriza la reforma del Banco Central

El Gobierno de Javier Milei decidió poner en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Diputados y concentrar su agenda legislativa en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La decisión llega después de una semana marcada por las dificultades del oficialismo para sostener el proyecto de Propiedad Privada en el Senado. La iniciativa atravesó cuatro postergaciones, múltiples modificaciones y llegó a acumular 17 versiones antes de conseguir una ajustada media sanción, por 37 votos contra 33.

En la Casa Rosada admiten que el debate dejó un desgaste político que ahora buscan evitar trasladar a Diputados. “No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora”, señalaron fuentes del Gobierno, que pretenden concentrar las negociaciones con los bloques dialoguistas en las reformas que Milei considera prioritarias.

La estrategia terminará de definirse en la próxima reunión de la mesa política, donde el oficialismo deberá ordenar el temario de una sesión que proyecta realizar el 26 de agosto.

Una derrota que obligó al Gobierno a ceder

El recorrido de la Ley de Propiedad Privada expuso las dificultades del Gobierno para sostener una iniciativa amplia en el Congreso.

El proyecto original sufrió modificaciones durante las negociaciones y el oficialismo terminó retirando los capítulos vinculados con la extranjerización de tierras y el Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayores resistencias entre los senadores y los gobernadores.

La discusión sobre la posibilidad de que extranjeros compren tierras productivas terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de conflicto. El Gobierno perdió respaldo entre algunos aliados y debió resignar ese capítulo para evitar que la iniciativa quedara bloqueada.

Algo similar ocurrió con las modificaciones al régimen de Manejo del Fuego. Las resistencias provinciales volvieron a aparecer durante el debate y obligaron al oficialismo a realizar nuevas concesiones.

Finalmente, la iniciativa consiguió avanzar, pero con un margen estrecho: 37 votos a favor contra 33 en contra.

El resultado dejó una señal incómoda para la Casa Rosada: aun con acuerdos previos y negociaciones con sectores dialoguistas, el oficialismo no consiguió imponer sin cambios una de las reformas que había presentado como parte de su agenda económica.

El Gobierno busca no repetir el escenario con el Banco Central

Con ese antecedente todavía fresco, Milei decidió cambiar el orden de prioridades.

“Ahora hay que sacar lo que más le importa al Presidente”, señalan en el Ejecutivo. El objetivo es evitar que las distintas reformas se mezclen en una misma negociación y que las diferencias entre el oficialismo, los gobernadores y los bloques aliados vuelvan a complicar la obtención de mayorías.

El principal objetivo para la sesión del 26 de agosto será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa busca establecer como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda y prohibir el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios.

También plantea impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario y modifica las condiciones para la distribución de determinados resultados del Banco Central.

Uno de los puntos centrales es el régimen para remover a las autoridades de la entidad. El Gobierno propone mantener el mecanismo de designación mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, pero establecer una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para desplazar al presidente y al directorio del organismo.

El proyecto también contempla la eliminación de las Letras Intransferibles, uno de los instrumentos que el Gobierno cuestionó desde el comienzo de su gestión por su utilización para financiar al Tesoro.

Inocencia Fiscal, la otra prioridad

La segunda iniciativa que la Casa Rosada busca impulsar es el proyecto de Inocencia Fiscal.

El Gobierno pretende reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar el alcance de las revisiones de períodos anteriores por parte de ARCA y ampliar las garantías para que los argentinos puedan utilizar ahorros que permanecen fuera del sistema financiero.

En el Ejecutivo sostienen que la iniciativa forma parte de una estrategia destinada a aumentar la circulación de dinero dentro de la economía, fortalecer el crédito y canalizar el ahorro hacia inversiones.

Sin embargo, para avanzar con ambos proyectos el oficialismo necesitará volver a negociar con los bloques que no integran La Libertad Avanza.

La experiencia de Propiedad Privada mostró que esos acuerdos pueden ser frágiles cuando las iniciativas afectan intereses provinciales o generan resistencias políticas.

Diferencias dentro del oficialismo

La discusión de Propiedad Privada también dejó expuestas diferencias dentro del propio Gobierno sobre la estrategia legislativa.

Durante las negociaciones se produjeron cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich en torno a las concesiones que debían realizarse para conseguir el respaldo de los bloques dialoguistas.

También hubo cuestionamientos internos por la relación con los gobernadores y por el cálculo de las mayorías necesarias para aprobar los distintos capítulos.

La dificultad no estuvo solamente en conseguir votos de la oposición. El oficialismo también debió administrar las diferencias entre sectores aliados que habían acompañado inicialmente el proyecto, pero luego exigieron cambios para mantener su respaldo.

Para la Casa Rosada, el desafío ahora será evitar que esa dinámica se repita con la reforma del Banco Central.

Propiedad Privada queda en espera

La postergación no significa que el Gobierno haya decidido retirar definitivamente la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El proyecto que recibió media sanción en el Senado mantiene varios de los puntos que el oficialismo considera centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones, procedimientos más rápidos para los desalojos, cambios en la regularización dominial y la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble.

Ahora deberá ser tratado por Diputados para convertirse en ley.

La diferencia es que, por el momento, no será una prioridad legislativa.

La decisión permite al Gobierno evitar una nueva negociación inmediata sobre una iniciativa que ya generó conflictos con sectores de la oposición, gobernadores y organizaciones vinculadas a la actividad rural.

En la Casa Rosada buscan que el proyecto quede fuera de la discusión política durante las próximas semanas y que el oficialismo pueda concentrar sus recursos en el Banco Central e Inocencia Fiscal.

Una agenda cada vez más condicionada por la negociación

El cambio de estrategia muestra también una de las principales dificultades que enfrenta el Gobierno en esta nueva etapa: convertir sus proyectos de reforma en leyes requiere negociar con actores que no responden directamente a la Casa Rosada.

Durante la primera etapa de la gestión, el oficialismo tuvo que construir acuerdos puntuales para avanzar con sus principales iniciativas. El debate de Propiedad Privada volvió a mostrar los límites de esa estrategia.

El Gobierno consiguió la media sanción, pero tuvo que eliminar capítulos relevantes y aceptar modificaciones para alcanzar los votos.

Ahora, con el Banco Central como prioridad, la Casa Rosada intentará evitar un escenario similar.

La premisa oficial será reducir la cantidad de frentes abiertos y avanzar primero sobre las reformas que Milei considera estratégicas. Propiedad Privada quedará para después, cuando el Gobierno considere que el desgaste de la negociación en el Senado haya quedado atrás y tenga mejores condiciones para intentar aprobarla en Diputados.