Malvinas: cómo será el reclamo de la Argentina ante un tribunal internacional para intentar frenar Sea Lion

La Argentina pondrá en marcha un procedimiento inédito en el marco del derecho internacional con el objetivo de intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.

Luego de analizar el escenario junto a especialistas y equipos jurídicos, la Cancillería argentina decidió iniciar un proceso de arbitraje internacional y solicitar, en paralelo, medidas provisionales que permitan suspender de manera inmediata las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La estrategia apunta a ejercer presión sobre el Reino Unido, el gobierno de las islas y las empresas privadas que impulsan el desarrollo de Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper.

El Gobierno espera que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar pueda pronunciarse rápidamente sobre el pedido de medidas provisionales. De conseguir una resolución favorable, la Argentina considera que podría generar un antecedente relevante para futuras controversias relacionadas con la explotación de recursos naturales en torno a las Malvinas.

Cómo funciona el arbitraje internacional

Para comprender el procedimiento que iniciará la Argentina es necesario remontarse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El tratado fue creado en diciembre de 1982 y entró en vigencia en noviembre de 1994, después de más de una década de negociaciones destinadas a establecer las normas que regulan los mares y océanos, así como también los mecanismos para resolver las controversias entre los Estados.

Al adherir a la CONVEMAR, cada país debe elegir una vía de preferencia para resolver eventuales disputas. El sistema contempla cuatro alternativas:

• El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

• La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos.

• Un arbitraje general, integrado por abogados y juristas.

• Un arbitraje especial, compuesto por especialistas técnicos y científicos.

La Argentina eligió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar como mecanismo prioritario, mientras que el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia.

Esta diferencia es determinante para el procedimiento que se inicia ahora. Cuando los Estados involucrados en una controversia no eligieron el mismo mecanismo de resolución, la CONVEMAR establece la posibilidad de conformar un tribunal arbitral ad hoc, es decir, creado específicamente para ese caso.

Ese tribunal estará integrado por un árbitro designado por cada uno de los países y otros tres que deberán ser acordados entre las partes.

La conformación del tribunal puede llevar hasta seis meses. A partir de allí, el proceso para llegar al laudo —la decisión final de los árbitros— podría extenderse durante años, ya que no existe un plazo predeterminado para resolver el fondo de la controversia.

El fallo del tribunal arbitral sería vinculante para las partes y debería ser cumplido por el Estado al que se le ordene modificar o adecuar su conducta frente a la situación cuestionada.

El pedido urgente de la Argentina para frenar Sea Lion

Ante la posibilidad de que el proceso de fondo se prolongue durante varios años, la Argentina recurrirá a una herramienta prevista por la CONVEMAR: las medidas provisionales, similares a una medida cautelar.

El objetivo es obtener una decisión rápida que permita suspender las actividades de Sea Lion mientras el tribunal arbitral ad hoc analiza la cuestión principal.

El pedido de estas medidas será tratado por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar porque se trata de un órgano permanente, que no necesita ser constituido especialmente para cada controversia.

Es el mismo tribunal que en octubre de 2012 ordenó la liberación incondicional de la Fragata Libertad, retenida en el puerto de Tema, Ghana.

La estrategia argentina se basa en la expectativa de que los integrantes del Tribunal del Mar consideren que las actividades de Sea Lion pueden poner en riesgo recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos, en un área cuya soberanía se encuentra en disputa y que, según sostiene la Argentina, está alcanzada por el tratamiento de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas.

El tribunal cuenta con un plazo de un mes para pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales.

Sin embargo, existe una incógnita central: si aceptará intervenir o si considerará que el planteo excede sus competencias por tratarse, principalmente, de una controversia territorial y no de una disputa vinculada específicamente con los mares y océanos.

Un antecedente que podría tener impacto en futuras disputas

Dentro del Gobierno admiten que se trata de una de las iniciativas más audaces adoptadas por la Argentina en el terreno del derecho internacional en relación con Malvinas.

La expectativa oficial está puesta en conseguir una suspensión temporal de las actividades de Sea Lion mientras avanza el arbitraje de fondo. Una eventual decisión favorable podría, además, convertirse en un antecedente de importancia para futuros litigios vinculados con la exploración y explotación de recursos naturales alrededor de las Islas Malvinas.

De esta manera, la Argentina buscará obtener primero una respuesta rápida del Tribunal del Derecho del Mar, mientras el proceso arbitral que deberá resolver la cuestión de fondo avanza por un camino que podría demandar varios años