Renunció Alberto Baños. subsecretario de Derechos Humanos
El funcionario presentó su dimisión tras casi dos años marcados por recortes, confrontaciones con organismos y cuestionamientos internacionales. Su salida se produjo horas después de que la Corte-IDH difundiera una reunión de su reemplazante en un viaje que él esperaba encabezar.
El éxodo de funcionarios dentro del Gobierno sumó un nuevo capítulo: Alberto Baños renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) luego de una gestión atravesada por recortes, conflictos internos y fuertes críticas por su postura frente a los crímenes cometidos durante la última dictadura. Su paso por el área dejó al organismo reducido a un tercio de su estructura original y en tensión permanente con los organismos de derechos humanos.
La renuncia llegó tras un gesto que lo habría dejado desplazado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos difundió una foto de su encuentro con Alfredo Vitolo —nuevo director nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH— en una actividad internacional para la cual Baños tenía previsto viajar. La carta de dimisión fue enviada minutos después de esa publicación.
Una gestión marcada por retrocesos y controversias
Baños, cercano al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, llegó al cargo pese a antecedentes polémicos como juez: no avanzó en la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan y firmó un fallo que benefició a José Martínez de Hoz. Su gestión estuvo signada por despidos, el cierre de espacios culturales y la presencia de la Policía Federal en el predio de la exESMA.
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti fue cerrado por mensaje de WhatsApp a principios de año y nunca volvió a abrir, pese a las promesas del propio Baños. También censuró actividades ya programadas y bloqueó eventos organizados por organismos de derechos humanos tanto en la exESMA como en otros sitios de memoria como El Faro, en Mar del Plata.
A lo largo del año, impulsó medidas que generaron rechazo entre organismos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado: desde la firma de un acuerdo ante la CIDH para calificar como delitos de lesa humanidad las acciones de grupos guerrilleros, hasta gestos de acompañamiento a jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri.
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