Policiales
Por qué se fugan los presos
En la crisis carcelaria, ni la Ciudad, ni la Provincia saben qué hacer con los presos. Una seguidilla de fugas en comisarías y alcaidías y más del doble de detenidos de los que pueden alojar, demuestra el colapso. La situación en CABA es crítica. En la provincia de Buenos Aires, el cuadro es muy complejo y hay al menos un 80% de superpoblación.
En las recientes fugas de comisarías porteñas y los aburridos cruces entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ahora a cargo del Servicio Penitenciario Federal, especialistas en asuntos penitenciarios no dudan en anunciar: la Ciudad está al borde de un problema profundo y de soluciones complejas.
En lo inmediato dos serían los caminos posibles: o se apunta a naturalizar la gestión penitenciaria, que legalmente por el momento no le corresponde, con lo cual se debería empezar a capacitar a los policías para custodiar presos en alcaidías y comisarías y generar espacios de encierro acordes para mitigar la crisis, algo en lo que cayó la provincia de Buenos Aires hace décadas; o se avanza en convenios y negociaciones para resolver la situación con el Servicio Penitenciario Federal.
Según un relevamiento de noticias difundidas en los medios de comunicación, desde el 4 de marzo de 2023 hasta la última, el lunes en la comisaría 3A de Balvanera, hubo unas 13 fugas de comisarías y alcaidías porteñas.
La Ciudad de Buenos Aires tiene 2.005 detenidos entre comisarías y alcaidías, y las instalaciones no están preparadas para alojar a personas por períodos prolongados de tiempo, o sea, son de paso. Estos lugares no tienen duchas ni camas, tampoco áreas de visita y los familiares deben proporcionarles la comida porque no hay dónde refrigerarla ni cocinar. Tampoco tienen ventanas. Mucho menos están garantizadas las condiciones de seguridad y ni hablar de los objetivos de reinserción social, talleres, estudio o atención a las adicciones.
El problema de fondo comenzó con la modificacion de la Ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad en 2017, que limitó las salidas transitorias, libertades anticipadas y la morigeraciones en delitos bajo la órbita de la Justicia Nacional; la Ley de Flagrancia, que permite detener personas al ser sorprendidos cometiendo el delito; y la pandemia, que dio una excusa suficiente para limitar los cupos en penales federales, mientras los detenidos cumplían el aislamiento preventivo, para evitar contagios masivos. Ese coctel, en medio de políticas criminales más agresivas, y la demanda social que exige penas más largas y efectivas ante delitos de resonancia, terminaron en un círculo que está llegando a un límite.
Comparados los porcentajes, y por una cuestión de densidad poblacional, la situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los presos es peor que la provincia de Buenos Aires.
Una solución sería terminar la unidad penitenciaria de Marcos Paz, lo que no está haciendo "por cuestiones políticas", o sea NO HAY PLATA.
La actual crisis requiere de políticas de gestión, rápidas y efectivas, y los remedios no surgen por que cada cual atiende su juego. El Gobierno Nacional anunciando mucho y haciendo NADA, el Gobierno de la Ciudad llorando en los medios de comunicación, el Gobierno de la Provincia reclamando los recursos que le corresponden. Lo concreto y real, es que a corto y mediano plazo nada se hará, tenga cuidado. NADIE LO CUIDA… Dios nos ayude…
Dejá tu comentario