Para Justicia Legítima, pese al fallo de la Corte "la democratización no va a parar"
La asociación de magistrados y referentes del Poder Judicial alineados con el oficialismo ratificó su apoyo a las leyes de reforma judicial.
La asociación Justicia Legítima, que agrupa a magistrados y referentes del Poder Judicial alineados con el oficialismo, ratificó hoy su apoyo a las leyes de reforma del sector impulsadas por el Gobierno, con énfasis en la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura.
La organización se expresó de esta forma poco antes de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma de la Magistratura, que establece la elección popular de sus miembros y el incremento de sus integrantes de 13 a 19.
"El proceso de democratización de la justicia no se va a parar", enfatizó la asociación.
Además, Justicia Legítima instó a la Corte Suprema a que prosiga con "esta apertura".
Según consideró la asociación, la elección popular de magistrados significa "la base de la democratización del sistema" judicial.
Los representantes de la organización se expresaron de esta forma en una conferencia de prensa con el lema "Democracia o corporación", que tuvo lugar en la sede del organismo de derechos humanos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, de esta Capital.
En ese marco, Justicia Legítima explicó la "necesidad de fortalecer el cambio" impulsado por la Casa Rosada, ante "la tenaz resistencia de la corporación judicial".
En tanto, evaluó que el rechazo a la ley "se tradujo en un vendaval de acciones judiciales que, por vía del forum shopping, provocaron múltiples decisiones en favor del pretendido derecho al sufragio privilegiado".
Además, la asociación avaló la decisión de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que este lunes dictaminó como "constitucional" la reforma del Consejo de la Magistratura decidida por la ley 26.855.
Precisamente, Gils Carbó es una de las integrantes de Justicia Legítima, agrupación que viene respaldando las leyes que impulsó el Gobierno para la denominada "democratización judicial".