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Los límites de la investigación legislativa

*Por Joaquín Morales Solá: La constitucionalista María Angélica Gelli nunca imaginó, quizá, que su teoría sobre la inmunidad parlamentaria sería tan leída entre legisladores. ¿Qué dice Gelli en esos escritos preexistentes? Sostiene que una cámara legislativa puede ordenar arrestos en el Congreso si comprobara que se vulneró la inmunidad colectiva del cuerpo.

La constitucionalista María Angélica Gelli nunca imaginó, quizá, que su teoría sobre la inmunidad parlamentaria sería tan leída entre legisladores. ¿Qué dice Gelli en esos escritos preexistentes? Sostiene que una cámara legislativa puede ordenar arrestos en el Congreso si comprobara que se vulneró la inmunidad colectiva del cuerpo. La Corte Suprema, con su anterior composición, no estuvo de acuerdo con Gelli, pero nada se sabe de lo que piensan los actuales miembros del máximo tribunal. "¿Se imaginan la detención de Julio De Vido ordenada por la Cámara de Diputados?", se preguntaban ayer, socarronamente, varios diputados opositores.

Sea como sea, lo cierto es que hasta esos extremos son explorados ahora por los diputados luego del escándalo desatado la semana pasada, cuando dos legisladoras anunciaron presiones para que cambiaran su voto o se fueran del recinto durante el tratamiento del proyecto de presupuesto. El decurso del proceso abierto dentro de la Cámara es escandalosamente imprevisible. La Comisión de Asuntos Constitucionales comenzará hoy a recibir los testimonios de las legisladoras que hicieron denuncias públicas; todos descartan que las sesiones de esa comisión se parecerán demasiado a una batahola continuada en sucesivos capítulos. Todos los diputados están habilitados para asistir y para opinar, aunque sólo podrán votar los que son miembros de la comisión.

Sin embargo, conviene separar la paja del trigo. Ni la Cámara ni la comisión están investigando el pago de coimas, aun cuando hubo muchos rumores de que se ofrecían 50.000 pesos por una oportuna deserción. Si eso se comprobara, el caso se convertiría en un delito de cohecho en grado de tentativa (¿quién confesaría que los recibió?) y debería ser investigado por la justicia federal. La denuncia sería, de todos modos, muy difícil de probar, porque siempre prevalecerá la presunción de inocencia ante un testimonio distinto de otro.

Lo que el cuerpo legislativo está investigando es si hubo, o no, una violación de la inmunidad colectiva de la Cámara por parte de miembros de otro poder del Estado y también de los propios legisladores. No necesita, para probar eso, que haya habido coimas; son suficientes las presiones a los legisladores para que cambien de posición durante la formal sesión del cuerpo, aunque haya habido promesas de fondos fiscales a provincias o municipios. Según los tratados jurídicos, existen inmunidades individuales y otras colectivas de un cuerpo parlamentario.

Las diputadas Elsa Alvarez y Cynthia Hotton plantearon cuestiones de privilegio individuales. Elisa Carrió planteó, en cambio, la sospecha de que se había violado la inmunidad colectiva del cuerpo mediante prácticas corruptas. Los trabajos jurídicos más prestigiosos sobre el tema señalan que la sola "perturbación" de un legislador durante una sesión habilita a la Cámara a disponer sanciones contra miembros del cuerpo o contra "terceros extraños" al cuerpo. No se trata de "privilegios", sino de "garantías de funcionamiento" de una Cámara legislativa, según la explicación de los juristas.

Los testimonios

La Comisión de Asuntos Constitucionales sólo sabrá si podrá avanzar en la investigación una vez que escuche a Alvarez, a Hotton y a Carrió, citadas para hoy. Alvarez podría decir que De Vido trató de hablar por teléfono con ella, pero que no pudo hacerlo porque la diputada colgó el teléfono antes de escuchar la voz del ministro. El testimonio de Hotton es clave porque su diálogo fue con otra diputada, importante en la Cámara, que le habría ofrecido nombramientos de personal y dádivas especiales como legisladora. La sanción podría recaer, en ese caso, sobre esa legisladora oficialista que ofreció lo que formalmente no podía dar. Nadie sabe si otros diputados se presentarán a declarar en el marco del planteo colectivo que hizo Carrió.

El escándalo que se abatió sobre el Congreso es también otro episodio en la saga de la pelea interna que se libra entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y De Vido. Si bien Fernández prefirió obrar en gran medida sobre gobernadores e intendentes (aunque también lo hizo sobre algún diputado), De Vido operó directamente sobre los legisladores que se encontraban reunidos. Como no los conoce, usó intermediarios para que llegaran a los teléfonos de esos legisladores. No es casual que uno de los intermediarios haya sido el secretario de la Lucha contra la Droga, José Granero, enfrentado con Fernández desde que el kirchnerismo existe. Granero fue el que llamó a Elsa Alvarez y trató de comunicarla con De Vido.

La Presidenta dijo ayer que la política debería dejar de demonizar la negociación y los acuerdos. Tiene razón. Pero ¿se refería a esos acuerdos furtivos de sus ministros, en la trastienda, o hablaba, en cambio, de negociaciones más amplias con los bloques opositores para consensuar un proyecto común de presupuesto? Esta variante es la que reclamó la oposición hasta ahora. Más aún: Cristina Kirchner ordenó que, por primera vez, el proyecto de presupuesto se aprobara a "libro cerrado". Ni su esposo tuvo nunca un presupuesto sin modificaciones parlamentarias.

Esa orden y la novedad de que el presidente de los diputados, el oficialista Eduardo Fellner, convocó a una sesión extraordinaria para hoy sin un nuevo despacho de comisión, como lo había ordenado la mayoría de la Cámara, provocan la aparición de una pregunta inevitable: ¿quiere el Gobierno un presupuesto nuevo para 2011 o prefiere quedarse con la prórroga del actual? El presupuesto vigente habilita al jefe de Gabinete a modificar el destino de los recursos fiscales. Nada le será impedido al gobierno federal, por lo tanto, en materia de dinero público.

La renovada e incipiente negociación con el Club de París fue un buen recurso para tender una cortina sobre el sainete del escándalo y, de paso, para colocarle un respirador artificial al ministro de Economía, Amado Boudou, después de que fuera varias veces vapuleado desde dentro del oficialismo. La estrategia duró apenas 24 horas. El Club de París está muy lejos y el escándalo estará, sobre todo a partir de hoy, dramáticamente cerca.