La UTA confirmó que se sumará al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández, el gremio sostuvo que la decisión responde a la necesidad de defender el salario y las condiciones laborales frente a lo que consideran un deterioro sostenido del poder adquisitivo y la estabilidad del empleo.

“Reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida”, indicó el texto difundido por la organización sindical.

La jornada de protesta coincidirá con el tratamiento del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que propone modificaciones en el régimen de indemnizaciones, aportes patronales y creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), entre otros puntos.

La postura de la CGT

Más temprano, la CGT había ratificado el paro general de 24 horas y convocado a una movilización “contundente”. Durante una conferencia en la sede de Azopardo 802, dirigentes sindicales pidieron a los legisladores que “no entreguen las conquistas laborales” y llamaron a actuar con “responsabilidad política”.

El cotitular cegetista Jorge Sola sostuvo que la reforma implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores. Según detalló, la iniciativa afectaría derechos individuales y colectivos, además de generar —según sus cálculos— una transferencia anual de unos 6.000 millones de dólares al sector empresario.

Sola también describió un escenario crítico en materia laboral: mencionó la pérdida de 300.000 empleos formales en los últimos dos años, el cierre de la empresa de neumáticos Fate —que dejó cerca de 1.000 trabajadores sin empleo— y la desaparición de más de 21.000 pymes. A esto sumó una caída en la capacidad instalada industrial por debajo del 50% y la pérdida diaria de 400 puestos de trabajo formales.

Por su parte, el dirigente Héctor Daer advirtió que el paro marca “el comienzo” de un plan de acción y sostuvo que no se aceptará una reforma que, a su juicio, vulnera el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad de los derechos sociales.

Contexto político y económico

La medida sindical se produce en un clima de alta tensión política y económica. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restitución de la pensión a Cristina Kirchner, mientras el Gobierno dictó la conciliación obligatoria tras el anuncio de cierre de Fate.

Desde el oficialismo defienden la reforma como un paso necesario para modernizar el mercado laboral y fomentar la creación de empleo genuino. Sin embargo, la CGT y los gremios del transporte advierten que el costo en términos de derechos adquiridos sería “demasiado alto” y que no existen garantías de que las modificaciones generen nuevos puestos de trabajo.

Con la adhesión de la UTA, el paro promete fuerte impacto en la movilidad urbana y en el transporte interurbano, configurando una jornada clave tanto para el debate parlamentario como para la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical.