La Pampa: quedó archivada la causa de Skanska
La Justicia pampeana archivó una causa penal en la que se investigaba el presunto pago de sobornos de la empresa multinacional Skanska a funcionarios pampeanos para ganar la licitación para construir un acueducto.
Según informaron este lunes fuentes judiciales, el juez Daniel Saez Zamora dispuso el archivo de la causa porque la principal prueba, una grabación donde un ex gerente hablaba que las coimas se pagaban a través de "valijitas" a un "gober" y a un "secretario de Obras", fue declarada nula.
Esta grabación la hizo el auditor Claudio Cayetano Corizzo al gerente de la empresa, Javier Azcárate, en una investigación interna de Skanska.
Era la prueba más importante de la causa pampeana, pero se cayó porque era una grabación clandestina, que había sido tomada sin orden judicial.
La nulidad ya había sido declarada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, en el año 2008, y ahora el juez pampeano tomó la misma decisión.
Sin embargo, pese a este archivo en La Pampa, a nivel nacional hay dos causas abiertas, una llevada a cabo por el juez Javier López Biscayart y otra por Norberto Oyarbide.
En esa grabación, Azcárate reconoció frente a Corizzo que, además de las maniobras en los gasoductos del Norte y del Sur, se pagaron sobornos en La Pampa y en Perú y que, además de Skanska, estuvo involucrada la empresa Techint.
El ex auditor Corizzo reconoció frente a la Justicia pampeana que la empresa hizo "pagos indebidos" para construir el Acueducto del Río Colorado, pero dijo que desconocía qué gerentes pagaron y qué funcionarios provinciales cobraron el dinero de los sobornos.
Así, no se pudo aún conocer si las maniobras ilegales se produjeron durante el gobierno provincial de Rubén Marín o de Carlos Verna, ambos del PJ.
En el caso de La Pampa, siempre según las declaraciones de Azcárate en esas escuchas, el dinero de los sobornos se llegó a trasladar en "valijitas" y se involucró a un "gober" y a un "secretario de Obras Públicas".
Además de esa confesión, se sospecha del pago de coimas con siete facturas truchas que presuntamente se pagaron por 649 mil pesos por un estudio de impacto ambiental de una planta potabilizadora del acueducto, que no se habría realizado.