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La Justicia suspendió provisoriamente la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri

El grupo Macri presentó un escrito para que la Cámara Comercial revoque el fallo que dispuso el quebranto y, en respuesta, la magistrada congeló transitoriamente los efectos de aquella resolución.

La jueza comercial Marta Cirulli, que hace dos semanas declaró la quiebra de la firma Correo Argentino S.A., suspendió hoy provisoriamente los efectos de su fallo luego de que el Grupo Macri lo apelara, con duras críticas a la intervención del gobierno nacional en el caso.

La decisión sobre el futuro de Correo Argentino quedará ahora en manos de la Cámara Comercial, que deberá decidir si confirma o no la quiebra.

En su nueva resolución, Cirulli concedió con efecto “suspensivo” la apelación presentada por Correo Argentino; es por eso que la quiebra todavía no surtirá efectos. “Me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido”, sostuvo la jueza al suspender su fallo anterior.

Mientras tanto, en la justicia penal, el juez federal Ariel Lijo recibió un nuevo informe en el expediente que investiga la propuesta de pago que hizo la empresa postal al Estado. Las conclusiones del trabajo ratifican lo que ya había arrojado un documento anterior: que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino y aceptada por el Estado en 2016 implicaba una quita superior al 90%.

En este expediente penal el expresidente Mauricio Macri está denunciado, pero nunca fue citado a indagatoria.

Sí fueron indagados por esta causa, hace más de dos años, el exministro de Defensa y exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; el abogado de la compañía, Jaime Leonardo Kleidermacher, y el encargado del área de jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa. El juez no decidió todavía si va a procesarlos.

Las conclusiones del primer informe recibido por Lijo en febrero de este año indicaban que el acuerdo entonces aceptado por el macrismo resultaba perjudicial para el Estado. Robirosa y Kleidermacher cuestionaron los cálculos en los que se basaba ese estudio y pidieron, a través de sus abogados, ordenar un peritaje contable. A raíz de ese planteo Lijo no ordenó un peritaje pero sí un estudio económico y financiero.

Según este nuevo informe, que fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial y Delitos Complejos que depende de la Corte Suprema de Justicia (Dajudeco), “en el marco del periodo circunscripto desde la presentación del concurso, el 19/09/2001, hasta la fecha de propuesta de pago, el 28/06/2016, y evaluando la totalidad de los supuestos hipotéticos planteados, surge que en todos los casos la propuesta de pago realizada por Correo Argentino SA estimó una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado”.

El juez había indagado a Aguad, Kleidermacher y Cibils Robirosa cuando consideró que podría tener elementos en el expediente para procesarlos y que los imputados debían tener su instancia de defensa.

El objetivo de esta última medida de prueba era determinar si hubo una aceptación de una oferta abusiva, que es lo que para el juez podría constituir delito.

Lijo hizo lugar a una parte de ese planteo y ordenó en marzo un nuevo estudio al equipo de especialistas en quiebras de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esos profesionales deben opinar sobre las objeciones de las defensas al informe recibido.

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