La difícil tarea del futuro intendente

El debate de candidatos a la intendencia de la ciudad de Córdoba, realizado el domingo por la noche, dejó una conclusión deprimente: las propuestas de Héctor Campana (Unión por Córdoba), Esteban Dómina (Frente Cívico), Olga Riutort (Fuerza de la Gente) y Ramón Mestre (UCR) –de acuerdo con el orden de exposición inicial, según el sorteo respectivo–, confirmaron una certidumbre que la realidad revela cada día: habitamos una ciudad que debe ser refundada.

Los cuatro políticos pusieron énfasis en la revisión en profundidad de los sistemas de educación y salud pública y del servicio público de transporte (ómnibus, taxis y remises), claramente colapsados, así como en ordenar y ampliar el trabajo de los agentes municipales.

Si apenas dispensaron la misma profundidad a otros aspectos igualmente importantes (desa-gües y un sistema cloacal insuficientes, deficiente recolección y reciclado de residuos en ciertos sectores, deplorable alumbrado público, áreas densamente pobladas con precario acceso al agua potable, organización administrativa del Palacio 6 de Julio, etcétera) fue porque el inventario de carencias es tan extenso que la exposición de soluciones hubiese requerido mucho tiempo.

De todos modos, los postulantes respetaron con fidelidad las reglas del juego de los debates televisivos: entremezclaron buenos propósitos, firmeza en la eventual toma de decisiones y algún toque de histrionismo.

Recitaron sus papeles, no se enzarzaron demasiado en polémicas, se permitieron fugaces alusiones personales, intercambiaron ciertos antecedentes de sus carreras políticas y administrativas, muy molestos para los aludidos.

Una de sus escasas coincidencias fue la proclamada voluntad de poner límite a la fuerza corporativa que ostenta el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), acumulada con un estilo que amasija violencia verbal y práctica, reforzada con periódicas destrucciones de bienes y permanente desidia en la atención de quienes concurren a realizar un trámite o buscar un expediente sepultado por la burocracia.

Los candidatos saben que deben terminar de una vez para siempre con la doble administración (política y sindical) que condujo a la ciudad a su desastroso estado actual. Baste con recordar los más de 150 millones de pesos –entre gastos y honorarios de los letrados– que deberá pagar el municipio por haber cancelado el contrato con Tecsa, en lo cual el gremio es corresponsable.

Sobre el desafío que le espera al futuro intendente, vale recordar lo que decía el notable economista John Kenneth Galbraith: "En pocas cosas de la vida hay un abismo tan grande como el que media entre una seca y antiséptica declaración política, hecha por un hombre elocuente en una tranquila oficina (en este caso en un set de televisión) y lo que le ocurre a la gente cuando aquella se pone en práctica".