Sociedad
La contradicción de las políticas trigueras
* Por Julio Nogues. Estimaciones profesionales muestran que durante las últimas cuatro cosechas, los productores de trigo han sacrificado ingresos por unos $4.600 millones de dólares que han ido a parar a otros segmentos de la sociedad, o simplemente para financiar perdidas por la generación de elevadas ineficiencias.
Estimaciones profesionales muestran que durante las últimas cuatro cosechas, los productores de trigo han sacrificado ingresos por unos $4.600 millones de dólares que han ido a parar a otros segmentos de la sociedad, o simplemente para financiar perdidas por la generación de elevadas ineficiencias. El cuadro muestra que de esta transferencia, unos 3.300 millones fueron ocasionados por los derechos de exportación y el resto, por las prohibiciones sobre la exportación de trigo. A lo largo de los últimos años, la importancia relativa de estas prohibiciones en extraerle ingresos al sector primario ha ido variando: fue elevada, durante el primer semestre de 2008 mientras creció el conflicto por la Resolución 125, luego decayó y ha crecido nuevamente durante los últimos meses restándole a los productores unos 50 dólares por tonelada es decir, el doble del promedio de las últimas cosechas.
¿Quiénes se beneficiaron con esta transferencia masiva de ingresos? Las personas humildes y el tesoro en proporciones mínimas: 19% y 17% respectivamente. El grueso de los subsidios financiados por los productores primarios ha ido a parar a la mesa de los ricos, a los molineros, y a los exportadores beneficiados con los permisos discrecionales otorgados por el Gobierno. Los molineros representan un sector privilegiado ya que ellos compran el trigo barato y reciben los subsidios del Gobierno para asegurar que vendan la harina para consumo interno al precio de abastecimiento. Una estimación muestra que entre 2007 y 2009 unos $1.700 millones. Con estas políticas, los molinos no corren ningún riesgo y todos son asumidos por los productores primarios.
El Gobierno les ha indicado a los molinos que deben pagarle el precio justo a los productores, (es decir, el precio de exportación menos el derecho) pero claramente estos no están cumpliendo ni piensan hacerlo mientras el mercado distorsionado les siga dando oportunidad de expoliar a los productores. Este método indicativo (que los molinos paguen el precio justo) del Gobierno es un espejito de color de la misma manera que es la política tan mentada de subsidiar a los productores. Una estimación sugiere que hay 9.000 pequeños productores pero solo unos 300, es decir el 3,3%, han recibido el subsidio de equiparación entre el precio de mercado y el precio justo.
En un país institucionalmente asentado, los productores podrían acudir a la Comisión de Defensa de la Competencia para asegurar que el precio que reciben es justo. Esto es por ejemplo lo que han hecho los productores de leche en Chile que a través de una determinación lograron que la industria, que a nivel mundial esta altamente concentrada, pagara un precio competitivo. En Argentina, la Defensa de la Competencia tiene jurisdicción en la Secretaría de Comercio Interior de donde también surge la prohibición de exportar trigo.
No hace falta ser Einstein para diseñar políticas más racionales y progresistas que las que viene implementando el Gobierno desde mayo de 2006. ¿Por qué no lo ha hecho?
¿Quiénes se beneficiaron con esta transferencia masiva de ingresos? Las personas humildes y el tesoro en proporciones mínimas: 19% y 17% respectivamente. El grueso de los subsidios financiados por los productores primarios ha ido a parar a la mesa de los ricos, a los molineros, y a los exportadores beneficiados con los permisos discrecionales otorgados por el Gobierno. Los molineros representan un sector privilegiado ya que ellos compran el trigo barato y reciben los subsidios del Gobierno para asegurar que vendan la harina para consumo interno al precio de abastecimiento. Una estimación muestra que entre 2007 y 2009 unos $1.700 millones. Con estas políticas, los molinos no corren ningún riesgo y todos son asumidos por los productores primarios.
El Gobierno les ha indicado a los molinos que deben pagarle el precio justo a los productores, (es decir, el precio de exportación menos el derecho) pero claramente estos no están cumpliendo ni piensan hacerlo mientras el mercado distorsionado les siga dando oportunidad de expoliar a los productores. Este método indicativo (que los molinos paguen el precio justo) del Gobierno es un espejito de color de la misma manera que es la política tan mentada de subsidiar a los productores. Una estimación sugiere que hay 9.000 pequeños productores pero solo unos 300, es decir el 3,3%, han recibido el subsidio de equiparación entre el precio de mercado y el precio justo.
En un país institucionalmente asentado, los productores podrían acudir a la Comisión de Defensa de la Competencia para asegurar que el precio que reciben es justo. Esto es por ejemplo lo que han hecho los productores de leche en Chile que a través de una determinación lograron que la industria, que a nivel mundial esta altamente concentrada, pagara un precio competitivo. En Argentina, la Defensa de la Competencia tiene jurisdicción en la Secretaría de Comercio Interior de donde también surge la prohibición de exportar trigo.
No hace falta ser Einstein para diseñar políticas más racionales y progresistas que las que viene implementando el Gobierno desde mayo de 2006. ¿Por qué no lo ha hecho?