Juicio por YPF: piden que la Argentina sea declarada en desacato y reclaman una multa de un millón de dólares por día
Los fondos demandantes solicitaron duras sanciones ante la jueza Loretta Preska al acusar al Estado argentino de incumplir órdenes judiciales y retener comunicaciones clave de funcionarios actuales y anteriores.
El litigio internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión en los tribunales de Nueva York. Los abogados de los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato y que se le imponga una multa coercitiva de al menos un millón de dólares diarios por presunto incumplimiento de órdenes judiciales.
El planteo fue presentado ante la jueza Loretta Preska en el marco de la etapa de discovery, en la que los demandantes buscan identificar activos para ejecutar la sentencia que condenó al país a pagar US$16.100 millones más intereses.
Según los acreedores, el Estado argentino no entregó comunicaciones relevantes de funcionarios y exfuncionarios, lo que constituiría una violación directa a las órdenes del tribunal. En ese contexto, sostienen que la conducta del país obstruye la obtención de pruebas fundamentales para avanzar en la causa.
La estrategia de los fondos y el concepto de “alter ego”
El objetivo central de los demandantes es que la Justicia estadounidense reconozca la figura de “alter ego” entre el Estado argentino y distintos organismos y empresas públicas, como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas.
De prosperar esa tesis, los fondos podrían intentar avanzar sobre los bienes de esas entidades para cobrar parte de la sentencia. Para sustentar ese planteo, exigen acceso a comunicaciones no oficiales —como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos personales— de funcionarios y exfuncionarios de distintas gestiones, entre ellos Luis Caputo, Sergio Massa y el canciller Pablo Quirno.
Los abogados sostienen que la Argentina retuvo deliberadamente esa información y, por ese motivo, reclamaron sanciones severas.
Las sanciones que piden ante la jueza Preska
El escrito presentado solicita que el tribunal declare a la Argentina en desacato y aplique una multa diaria de un millón de dólares mientras persista el presunto incumplimiento. Además, pidieron sanciones civiles adicionales y que se aplique una “inferencia adversa”, lo que implicaría asumir que la evidencia no presentada sería desfavorable para la posición del país.
Esa presunción fortalecería el argumento de los fondos respecto de la existencia de un “alter ego” entre el Estado y las entidades públicas involucradas.
En caso de que el Gobierno sostenga que no puede acceder a esas comunicaciones, los demandantes solicitaron la convocatoria a una audiencia con testigos presenciales en Nueva York, con la condición de que la Argentina afronte los costos legales y honorarios asociados.
La respuesta del Gobierno argentino
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de manera categórica el planteo y lo calificaron como un nuevo intento de Burford Capital de hostigar a la República con pedidos “intrusivos y desproporcionados”.
La defensa sostuvo que el país cumplió con las exigencias judiciales y aseguró haber entregado más de 113.000 páginas de documentación, además de facilitar el testimonio de funcionarios requeridos por el tribunal.
El cronograma judicial prevé que la Argentina presente su respuesta formal el próximo 19 de febrero, mientras que los demandantes harán su réplica el 5 de marzo. Las audiencias clave, en las que la jueza Preska definirá si hace lugar o no a las sanciones solicitadas, están previstas para los días 23 y 24 de marzo.
Un eventual fallo adverso podría tener impacto financiero inmediato y sumar nuevas complicaciones al frente externo del país.
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