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El Congreso recibió el DNU que amplía las facultades de la SIDE y la oposición busca votos para rechazarlo

El decreto que modificó la Ley de Inteligencia fue girado a la Comisión Bicameral al límite del plazo legal. En Diputados y el Senado, distintos bloques opositores ya negocian mayorías para intentar dejarlo sin efecto.

 

Al límite del vencimiento de los plazos reglamentarios, el Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso el DNU 941/2025, que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y modifica la Ley de Inteligencia Nacional. La norma ingresó formalmente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que deberá analizar su validez.

A partir de ahora, la bicameral cuenta con diez días hábiles para emitir un dictamen. Si ese plazo vence sin un pronunciamiento, el decreto quedará habilitado para ser tratado directamente en los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado.

En ese escenario ya se activaron negociaciones en la oposición, encabezadas por Unión por la Patria (UxP), con el objetivo de reunir los votos necesarios para rechazar la medida en ambas cámaras, condición indispensable para que el DNU pierda vigencia.

Los números en Diputados

En la Cámara baja, UxP cuenta con una base de 93 legisladores. A ese bloque podrían sumarse los cuatro diputados del Frente de Izquierda y 22 integrantes del interbloque Unidos, conformado por Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

También se prevé el acompañamiento de la diputada Natalia de la Sota, del monobloque Defendamos Córdoba; de Jorge “Gato” Fernández, de San Luis; y de Marcela Pagano, de Coherencia. En la misma línea se ubicarían Claudio Álvarez y Gerardo González, exlibertarios que hoy integran el espacio País Federal.

Con ese esquema, la oposición podría alcanzar una mayoría para rechazar el decreto. Sin embargo, primero deberá reunir 129 legisladores para dar quórum y luego conseguir el voto de la mitad más uno de los presentes.

La estrategia en el Senado

En la Cámara alta, el bloque de Unión por la Patria parte de una base de 28 senadores, que incluye a distintos sectores del peronismo y aliados provinciales. Dentro de ese espacio se encuentran el bloque Justicialista, que conduce José Mayans, y Convicción Federal, encabezado por el puntano Fernando Salino.

Para llegar a las 37 voluntades necesarias, la oposición busca sumar a senadores de la UCR y de Provincias Unidas, como Alejandra Vigo, de Córdoba, y Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes. También genera expectativa la posición de los representantes de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Moveré por Santa Cruz.

El rol del Congreso y la Comisión Bicameral

El Congreso no puede modificar el contenido de un DNU: solo tiene la facultad de aprobarlo o rechazarlo. Si ninguna de las cámaras se pronuncia en contra, el decreto continúa vigente por aprobación tácita. Para dejarlo sin efecto, en cambio, es necesario que tanto Diputados como el Senado lo rechacen.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está integrada por 16 miembros, ocho por cada cámara. Hasta diciembre pasado fue presidida por el diputado Oscar Zago y, según la tradición parlamentaria, en 2026 la conducción debería quedar en manos de un senador. En los últimos días se enviaron comunicaciones a las autoridades del Congreso para avanzar con su conformación formal.

Qué dice el DNU

El DNU 941/2025 establece que todas las actividades vinculadas a la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto “en virtud de su sensibilidad”, con el objetivo de minimizar el denominado Riesgo Estratégico Nacional.

Además, amplía la definición de tareas de inteligencia y contrainteligencia, que pasan a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, fuga de información clasificada, sabotaje, atentados contra el orden constitucional y cualquier tipo de injerencia externa que afecte el proceso decisorio de las autoridades del sistema republicano.

Desde la SIDE defendieron la medida y aseguraron que el decreto busca adaptar el sistema de inteligencia a las amenazas actuales, fortalecer los controles estatales y adecuar su funcionamiento a estándares democráticos y republicanos.

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