Javier Milei se niega a aplicar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica pese al revés en el Senado

Pese a la insistencia del Congreso, el Gobierno de Javier Milei definió que no aplicará las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, luego de que el Senado rechazara los vetos del Ejecutivo. Desde Casa Rosada aseguraron que promulgarán ambas normas, pero sin asignarles recursos presupuestarios para su ejecución, tal como ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad.

“Así como están, las leyes quedan en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata”, explicaron fuentes oficiales, que remarcaron que no habrá partidas nuevas para financiar los incrementos previstos.

En el Gobierno reconocen que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan tendría poco impacto fiscal, aunque decidieron no implementarlo para no contradecir la negativa al incremento del financiamiento universitario. Según estimaciones, la primera ley demandaría $133.433 millones, distribuidos en $20.521 millones para residencias médicas, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.

La partida más sensible es la correspondiente a las universidades. Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso calculó que el aumento de fondos tendría un impacto de $1,96 billones para 2025, equivalente al 0,23% del PBI. El texto contempla una actualización del 32% en gastos de funcionamiento, un 40% de aumento salarial y mejoras en las becas estudiantiles.

Desde la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia Sebastián Amerio, se definió la estrategia jurídica para respaldar la decisión presidencial. El objetivo es evitar judicializar el conflicto: dejarán que sean particulares quienes presenten amparos, buscando que los procesos se atomizen y se demore una resolución unificada de la Justicia.

Mientras tanto, el Ejecutivo planea demorar la promulgación de las leyes hasta el límite legal de diez días hábiles luego de recibir la notificación del Congreso. En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una inversión de $30.000 millones en obras para el Garrahan, una maniobra similar a la utilizada durante el debate por la Emergencia en Discapacidad.

En la Casa Rosada anticipan que apelarán al “impacto fiscal” como argumento central para frenar la aplicación de las normas, amparándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda ley que autorice gastos no previstos debe especificar la fuente de recursos.

Con esta decisión, el Gobierno busca postergar la ejecución de los fondos hasta el tratamiento del Presupuesto 2026, mientras intenta minimizar el costo político que podría derivarse de desoír el mandato del Congreso.